Los ecologistas censuran la reducción de trámites en los proyectos de renovables

La decisión del Gobierno vasco de acortar los trámites para levantar nuevos parques de energías renovables obtenía ayer el respaldo de la Diputación Foral de Álava al tiempo que encendía la luz de alarma entre los colectivos ecologistas del territorio. De «escándalo» calificaron la medida que, en la práctica, supone pisar el acelerador con los proyectos que se presenten hasta 2024 -sobre una potencia inferior a 75 megavatios en eólica y 150 en fotovoltaica- y que no afecten a la Red Natura 2000. Pasarán por un filtro diferente en lo que se refiere a su impacto ambiental para acortar al menos dos años su recorrido por el sinuoso camino administrativo.

Lakua subraya que no habrá «ausencia de control», pero los conservacionistas dudan. Sus críticas confluyen en dos ideas: sin el trámite del expediente de impacto ambiental desaparecería «la herramienta» para alegar a los proyectos. Hablan de «ataque a la libertad de información» e «indefensión de toda la sociedad». Y se reprocha al departamento de Arantza Tapia «la incoherencia de querer acelerar la construcción de nuevos parques y no el PTS de energías renovables (que define localizaciones adecuadas y necesidades energéticas), con el que podemos estar o no de acuerdo, pero que al menos nos permitiría saber a lo que atenernos», subraya Andrés Illana, de Ekologistak Martxan.

En esa misma línea Garikoitz Plazaola, de Eguzki, se refiere a «años de retrasos» en estos planes sectoriales. Y va más allá al ver un trasfondo de «intereses económicos» de las grandes empresas e incluso advierte de que «esta misma norma puede abrir la puerta al 'fracking'».

El cambio normativo obligará a las entidades ecologistas a personarse como parte interesada en cada proyecto y a oponerse a todos por sistema, según aseguran desde Ekologistak Martxan, precisamente al carecer de Estudio de Impacto Ambiental. «Nos tendrían que pasar toda la información para alegar y eso, aunque supone un gasto de personal y energía bestial es lo único que nos queda», asume Illana.

Desde el colectivo conservacionista Arabako Mendiak Aske han denunciado también «alarmados» el anuncio de una nueva modificación a la ley de Administración Ambiental que, recuerdan, ya centraliza en el Gobierno vasco las competencias de autorizaciones de cualquier proyecto con incidencia medioambiental «excluyendo así, a los ayuntamientos y concejos que tienen potestad sobre las tierras comunales de sus territorios». Arabako Mendiak Aske censura que el Ejecutivo vasco «no contento con la exclusión de la gobernanza local, ahora vulnera, aún más, la capacidad de evaluar los daños medioambientales de proyectos designados prioritarios (por el mismo gobierno) al no requerir para su tramitación la evaluación de impacto ambiental». «Están dinamitando las leyes que protegen el patrimonio natural mediante un golpe de autoritarismo que nos coloca en una situación de vulnerabilidad que traerá consecuencias irreversibles para las vidas presentes y futuras de nuestro pueblo», sostienen en un comunicado.

Álava tiene en estos momentos tres grandes proyectos que seguirían con la tramitación establecida en estos momentos. Es el caso del proyecto fotovoltaico Ekinean en Arasur y los parques eólicos en Oion y Azeta. El diputado general, Ramiro González, insistió ayer en que «no habrá menos garantías» con la medida de Lakua. «El proceso seguirá siendo garantista como hasta ahora». «Vamos con retraso en Euskadi y Álava en renovables. Estoy seguro de que medidas como ésta nos van a ayudar», incidió.

El plan del Gobierno vasco está alineado con un decreto estatal en el mismo sentido que se activó con la emergencia climática que ha desatado la invasión rusa de Ucrania. «No hay nada más ecologista que evitar el consumo de combustibles fósiles y para eso se necesitan parques eólicos y fotovoltaicos», incidía el responsable del Ejecutivo foral que afeó a los movimientos ecologistas su oposición a «cualquier proyecto que se pone en marcha».

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