¿Cuánto se tarda en entrar en prisión?

¿Ha pasado demasiado tiempo desde los hechos? ¿Por qué no ingresó tras su arresto? Jueces, fiscales y abogados penalistas analizan los tiempos de respuesta de la Justicia alavesa. Pese a que las valoraciones son dispares, todos coinciden en «garantizar» sus derechos a los procesados y a sus víctimas.

¿Cuánto se tarda en entrar en prisión tras cometer un delito grave? Las opciones son muy variadas. No es lo mismo el caso de Alfredo De Miguel, el exnúmero 2 del PNV alavés que retardó su encarcelamiento 13 años entre un mar de recursos, que el del asesino del joven Ander en una fábrica abandonada. El segundo lleva en Zaballa desde el día después de su detención. En teoría permanecerá 25 años al ostentar el triste récord de recibir la segunda prisión permanente revisable de Álava.

«Siempre debe garantizarse un proceso justo. Una vez pronuncias sentencia, las partes tienden a recurrir. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco suele ser ágil. Pero las causas se estancan en el Supremo. Hay mucho trabajo. Faltan recursos. Somos uno de los países con peor ratio de jueces», radiografían magistrados de la jurisdicción penal vitoriana. La Audiencia Provincial de Álava, encargada de los asuntos más relevantes, roza las ochenta sentencias desde enero. Y sólo cuenta con cuatro jueces.

La primera línea de contención de la Justicia, la Fiscalía de Álava, tiene la primera llave. Esta oficina propone qué detenidos van provisionalmente a la cárcel y cuáles deben acostumbrarse a firmar cada cierto tiempo en el juzgado hasta la celebración de la vista oral. «Actuamos conforme a la ley. No siempre puede pedirse la cárcel. Hace falta que sean acusaciones de más de dos años, que haya riesgo de fuga, que el investigado pueda alterar las pruebas o que exista peligro para la víctima», enumera la fiscal jefa Carmen Cotelo.

Los abogados juegan en dos bandos. No es lo mismo cuando ejercen de acusación particular que si dirigen la defensa del acusado. Ion Palacios ha llevado a la víctima del caso comunicado el martes por el Supremo. En ese cometido les toca hacer de psicólogos. «La gente generalmente es comprensiva y se fía de nuestro bagaje, pero hay clientes que van a sufrir porque nunca les parece suficiente. Quieren que el condenado esté incomunicado en una celda con una bola. Otros tienen miedo de que entre en prisión». También navega en la orilla contraria. Un cliente suyo acusado injustamente de violación se pasó más de 500 días entre rejas. Ha reclamado una compensación económica a la administración de Justicia. Sigue a la espera.

«Como sociedad, aunque parezca lo contrario, podemos permitirnos tener mil culpables en la calle. Y de hecho los tenemos. Pero no podemos permitirnos el lujo de tener un solo inocente en la cárcel. Entonces el sistema se acabaría», ahonda el penalista Carmelo Pascual. «La justicia lenta deja de ser justicia. O deja de ser justa», considera.

La media entre una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Álava o un juzgado de lo Penal y el alojamiento temporal en el centro penitenciario de Álava suele estirarse entre los dos y los cuatro años. Depende de cada coyuntura. «Los recursos van más rápidos si el condenado ya está como reo preventivo», desvela Cotelo, quien se muestra comprensiva con el Supremo. «Les llegan los peticiones de todos los órganos del país. Al final tienen del orden de mil solicitudes al año». Todos son casos con nombres y apellidos.

Si se cuenta con un letrado de pago, esa lucha por localizar algún resquicio legal puede suponer un desembolso «entre los 3.000 y los 20.000 euros». Una vez más depende de las circunstancias de cada asunto. «No es lo mismo pelear una pena de tres años que una de veinte. Un delito de sangre que uno de drogas o económico», enfatiza Pascual.

Desde la pandemia, en los dos juzgados de lo Penal de Vitoria suelen acordarse muchas sentencias de conformidad que no suelen implicar entrada en prisión, siempre que el condenado carezca de causas pendientes.

Todo depende también de la destreza del letrado y de la magnitud del delito cometido. «Lo mejor es no dilatar cuando el asunto está claro. Retrasar puede ser pan para hoy y hambre para mañana», asume Óscar Díaz de Guereñu, quien entre otros asuntos suele tutelar casos de tráfico de drogas. «A muchos clientes les aplican una suspensión por drogadicción, pero desde luego siempre con la condición de que no pueden volver a delinquir».