Condenan a un funcionario por robar el dinero para los colegios vascos

Las quejas no se hicieron esperar ya que buena parte de ese montante iba a conceptos básicos como el pago de nóminas del profesorado. A raíz de ello arrancó una investigación interna, culminada con una denuncia formal cursada al Palacio de Justicia de Vitoria, encargado de dirimir todo lo referente a la administración autonómica vasca.

Tirando del hilo, se desveló que esos desvíos irregulares se sucedieron durante casi cinco años. Desde mayo de 2014 hasta febrero de 2019. Y, al parecer, se trataba de cantidades pequeñas, probablemente con la intención de intentar pasar desapercibido.

Como el dinero siempre deja rastro y más cuando se mueve virtualmente, el seguimiento condujo hasta un ordenador del departamento de Educación. Su usuario era «un funcionario de carrera» destinado en la Dirección de Gestión Económica. Pronto se convirtió en el principal, y único, sospechoso del misterio.

En la fase de instrucción se descubrió que la malversación de caudales públicos, etiqueta con la que se conoce a esta práctica ilegal, era más profunda de lo que se pensaba. Aparte de las cantidades sisadas entre 2014 y 2019, 50.670 euros en concreto, había que sumar otras.

Ni el trabajo policial ni el judicial ha sido capaz de señalar el inicio de este fraude, aunque sí obtuvieron pruebas concluyentes de que ese funcionario se apropió de otros 7.319 euros.

El año 2014 pone el punto de inflexión por una aplicación informática usada en la administración vasca y conocida como Eizu. Los 50.000 euros hurtados detectados en un primer momento se desviaron desde esta plataforma. Los otros 7.000, a través de otro sistema ya abandonado.

El investigado, que en la actualidad cuenta con 59 años y «una larga carrera» en la administración vasca, fue interrogado el 30 de octubre de 2019. «Ya entonces reconoció su autoría», deslizan fuentes conocedoras del caso. Ocho días después ingresó en la cuenta del juzgado el dinero robado, los 57.990 euros, lo que no evitó que la rueda de la Justicia siguiera girando. Hace unas semanas se celebró la vista en la Audiencia Provincial de Álava. Fue una de las últimas vistas celebradas por el magistrado Jaime Tapia, ahora asesor principal en la gestión de las tres cárceles vascas.

Beneficiado por su falta de antecedentes y por «haber reparado el daño producido», lo que se considera un atenuante «muy cualificado», el juicio duró apenas unos pocos minutos. El abogado defensor y la Fiscalía de Álava pactaron un acuerdo.

El protagonista de esta historia asumió haber cometido «un delito continuado de malversación de caudales públicos» y, a cambio, recibió una condena de doce meses de cárcel. «No ingresará siempre que no vuelva a delinquir en los próximos dos años». Aparte de hacerse cargo de las costas del proceso, este funcionario público no podrá regresar a su puesto de trabajo en un plazo de dos años y medio.