El negocio de los okupas

Bandas organizadas okupan decenas de pisos en Vitoria y los venden hasta por 1.500 euros

Pero ni la magnitud de la bronca ni la violencia llamó tanto la atención de los agentes como el hecho de que uno de esos alborotadores no viviera en el piso. Tampoco era amigo del okupa ni de su pareja, quien logró escabullirse aunque luego fue interceptada. Según fuentes internas de la comisaría de Aguirrelanda, ese varón «acudió a protegerles». Al parecer pertenece a una mafia que les 'consiguió' la casa a cambio de una cantidad indeterminada de euros.

El pacto –sin ninguna validez legal– incluiría «un servicio de seguridad a cambio de alguna cuota» en caso de desavenencias con los vecinos legales. De ahí la llamada de auxilio a este treintañero, quien arrastra «varias intervenciones policiales».

A raíz de esa trifulca –saldada únicamente con la imputación penal de ambos arrestados por «atentado a agentes de la autoridad» y su puesta en libertad–, EL CORREO ha investigado la actuación en Vitoria de grupos organizados especializados en reventar (entrar) inmuebles vacíos, cambiar el bombín y 'venderlos' o 'alquilarlos' a terceros. Existen.

Al menos un par de estas mafias opera en la actualidad. Cada cual con sus particularidades, un modo de actuación propio y aparentemente sin conexión entre ellas. Les liga, sin embargo, su intensa actividad. Fuentes cercanas a ambas bandas deslizan que andarían detrás de «decenas» de okupaciones registradas los últimos meses. Tanto de pisos sociales (pertenecientes a Alokabide y al Ayuntamiento de Vitoria) como de viviendas particulares.

Mientras la primera organización destapada hace dos semanas de manera accidental funciona con un simple 'boca a boca' para colocar sus bienes, el método de la segunda banda detectada por este periódico sorprende más. «El cabecilla controla los pisos okupados que le consigue su gente y los ofrece a un primer postor» a través de un encuentro cara a cara o por teléfono. Básicamente, a partir de ahí se establece una cadena en la que una serie de interesados va ofreciendo más dinero hasta que uno acaba quedándose con el piso», ilustran medios relacionados con esa estructura opaca para buena parte de los vitorianos.

Con cada cambio de manos, todos los intermediarios obtienen un pellizquito. Un inmueble de reciente construcción en Zabalgana o Salburua «puede salir por «400 euros y acabar rondando los 1.500 euros». Esa es la cantidad que supuestamente abonó hace unos meses una familia por una vivienda social en la calle Pablo Picasso, en Zabalgana. Las tarifas rara vez superan esas cifras debido a que la práctica totalidad de 'clientes' maneja escasos recursos económicos.

Con este curioso sistema además, ese cabecilla «desconoce quién acaba entrando a vivir». A diferencia de algunos de sus compinches, este 'capo' reside legalmente en una calle del Casco Viejo, alejado de cualquier foco policial o judicial. «Varios de los implicados en esa cadena perciben ayudas o trabajan oficialmente como repartidores de comida», detallan los medios consultados.

Con esta mafia, la entrega de llaves se completa «en un único pago». La mayoría de sus objetivos son pisos sociales. «Está claro que cuentan con informantes que les avisan cuando queda libre alguno y entonces ellos actúan». Por cuestiones burocráticas pueden transcurrir semanas desde que Alokabide, la sociedad del Gobierno vasco encargada del alquiler social, reasigna una vivienda a un nuevo beneficiario. También suelen sondear páginas especializadas de venta o alquiler de inmuebles.

Ninguna de estas dos mafias aparece en los radares oficiales de la Ertzaintza o la Policía Local de Vitoria. Portavoces de ambos cuerpos informan de que «no hay constancia» de su actividad delictiva. En el Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz tampoco saben nada al respecto.

Desde Alokabide indican que «nos enteramos al final. Cuando tras un proceso judicial que lleva su tiempo recuperamos el domicilio y, en alguna ocasión, el desalojado ha contado a la comitiva judicial que había pagado una cantidad determinada por ese piso».

Pero el asunto no va más allá. Este organismo carece de investigadores o personal especializado, por lo que se limita a colocar una puerta antiokupas hasta la llegada de inquilinos regularizados. Las supuestas víctimas –los moradores desalojados– tampoco denuncian. Disponer de hogar les permite asimismo empadronarse.

«¿Pero cómo vas a denunciar a quien te ha proporcionado un hogar en buenas condiciones por algo menos de mil euros y al que sabes que vas a tener que volver a recurrir sí o sí?», se pregunta un habitante de un bloque social donde «hemos tenido varios de estos casos». «¿Qué queréis? ¿Que nos metamos en problemas?», se justifica. Ese miedo ha mantenido hasta la fecha a raya cualquier alerta policial o judicial.

Tampoco contribuye la menguante oferta de alquiler legal. Ayer por la tarde tan sólo se ofrecían 92 inmuebles en la capital alavesa. El más económico salía por 690 euros al mes. Vitoria, según el portal Idealista, es la segunda capital española donde más rápido se encuentran inquilinos. El 27% de los domicilios se coloca a las 24 horas.

La actividad de ambos grupos ha llegado a calles como Ferrocarril del Norte, Prado, Oceáno Pacífico, Pablo Picasso, Donostia, Madrid, El Salvador, Portal de Arriaga, Bremen y Julián de Apraiz. Los ocupantes que han apoquinado entre 400 y 1.500 euros saben que dispondrán de techo a un precio fuera de mercado un tiempo limitado. «Pueden pasar días, meses o años», indican medios judiciales.

Por otra parte, la prórroga del decreto de vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre dictada por el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un inesperado aliado para estas personas. En caso de carecer de empleo o tener menores a cargo, cualquier proceso de desalojo queda paralizado. Esa orden se aprobó con la pandemia y se ha alargado sucesivamente, aunque ha tenido algunas consecuencias indeseadas.

A día de hoy, medios internos del Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz hablan de «unos doscientos casos parados» por esta medida. El Ayuntamiento de Vitoria, quien da el visto bueno a la catalogación, sólo admite 51 informes favorables en 2023.