«Nos obligan a destruir un patrimonio que se pierde para siempre»

La razón es que Berganza decidió recuperar el caserío y sus anexos en 2017, pero no se atuvo a la licencia para retejar el caserío y decidió recuperar el almacén junto a la bolera de manera que el tejado siguiera protegiendo el espacio donde «tradicionalmente se había jugado al bolo alavés». Era una cuestión sentimental «porque nuestra familia siempre ha estado vinculada a la hostelería y al juego de bolos», explicó.

El servicio foral de Carreteras obliga a derribar el edificio por «razones de seguridad» ya que «se ha reconstruido sin permiso dentro de la zona de afección» y se ejecutó «de forma clandestina». Además, existe «una sentencia que estamos obligados a cumplir» y da dos meses de plazo al propietario para que haga desaparecer el conjunto. «Lo damos por perdido, porque si no lo derribamos, nos enfrenamos a una multa», asegura Berganza. «Incluso estábamos dispuestos a ceder nuestro terreno al otro lado de la carretera si en algún momento se plantea su ampliación, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo», explica resignado. Mugurutza señala que «es una injusticia, un ejemplo de que la Administración está al margen de la ciudadanía», señala, mientras Diputación aseguraque «no es posible legalizar la edificación».

El caserío y sus anexos están en el alto de Markuartu. Es es un lugar donde reina la tranquilidad que nada tiene que ver con la actividad que hace solo unas décadas albergó el caserío, donde se celebraban comuniones o se compraba pan, «porque el horno es enorme. Hacían pan para mucha gente», explica Berganza. También se jugaba a los bolos, el entretenimiento predilecto de los ayaleses. «Allí se gastaba lo que ganaban en las empresas porque en el mundo agrícola no había dinero, solo trueque. Iban a merendar, a jugar a los bolos y a beber txakoli», añade Mugurutza.

Con los años, el edificio quedó en ruinas y fruto del interés de su propietario por recuperarlo, se ha planteado esta situación.

De nada ha servido que el servicio foral de Patrimonio señale que «se trata de un bien inmueble de interés histórico y está propuesto para su protección a nivel local e incluido en el 'Estudio y diagnóstico del estado de conservación de los caseríos de la zona cantábrica alavesa'». El mismo departamento señala la «corrección técnica» de las obras donde «se han utilizado técnicas y materiales tradicionales y primado la reutilización de los materiales originales para salvaguardar la autenticidad del edificio» ni que «se ha respetado la volumetría e imagen».

El alcalde de Okondo, Jon Escuza, señala que «el edificio no está catalogado y no tenemos aprobado el Plan General donde se podría haber incluido esa protección». Señala además que la única opción hubiera sido «que el propietario redactara un Plan Parcial, pero decidieron presentar un recurso judicial y es algo que hay que cumplir».

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