Cambio en la Justicia

Aluvión de 431 demandas en los juzgados de Vitoria un día antes de que la mediación sea obligatoria

Desde ayer jueves, la nueva Ley de eficiencia de la justicia impone que, antes de ponerse en manos de un magistrado, los involucrados aborden un proceso de mediación, lo quieran o no. Sólo cuando esta nueva vía «obligatoria» fracase, el asunto pasará a la justicia ordinaria. Sabedores del revolucionario cambio –«a peor» para todos los consultados por este periódico–, los procuradores cursaron 431 reclamaciones el miércoles. Dicho de otro modo, ocho veces superior a la media, establecida en torno a los cincuenta escritos ingresados.

Los abogados alaveses, a través de su decano, Antón Echevarrieta, ya alertaron el lunes en este periódico de que el nuevo reglamento «encarecerá» cualquier maniobra judicial y «alargará» su resolución varios meses.

Estos procedimientos se distribuyeron entre los nueve juzgados de Primera Instancia, con una media de casi 48 demandas por sala. En una sola jornada. Fue el colofón a una riada que arrancó a finales de la pasada semana. «Los días previos también ha habido mucho movimiento. Han sido unas jornadas muy intensas. Hace un año ocurrió lo mismo con la anterior reforma sobre las demandas de cláusulas gasto, cuando se modificó de procedimiento ordinario a verbal», confirma Isabel Gómez, la decana de los procuradores de la provincia.

La marejada tardará en calmarse. El lunes 7, los abogados alaveses están convocados en su sede del Paseo de Fray Francisco para tratar cómo afrontar esta nueva realidad impuesta desde el Gobierno central. De forma paralela, el decanato y la treintena de juzgados vitorianos –con un nivel de litigiosidad en máximos históricos debido a un promedio diario de 120 demandas, denuncias (vía penal) y querellas– trabajan en adaptarse lo antes posible y en las mejores condiciones. Sobre todo, en lo referente a cuestiones de familia (custodias, manutención...) al tratarse de los casos más sensibles.

El Gobierno central habla de «agilizar» la tramitación. No lo ven así en el sector. Echevarrieta ya señaló a principios de esta semana que «en la práctica generará un muro más, supondrá otra cortapisa para el ciudadano a la hora de acceder a la justicia».

«Esa obligatoriedad desvirtúa la naturaleza y la esencia de esa vía. Porque se debe partir de la voluntariedad de las partes para llegar a este tipo de acuerdos», estima el decano de los letrados. Y en caso de fracaso de ese primer filtro, el procedimiento se dilatará al empezar de cero en la vía judicial. En la actualidad, varias salas alavesas de Primera Instancia o de lo Contencioso-Administrativo no resuelven antes de los seis meses. Se cree que esos plazos subirán en breve.