Álava no consigue rebajar la espera de 7 meses y medio para valorar la discapacidad

Es una situación sobre la que ya advirtió EL CORREO en mayo de 2024 y desde entonces no se ha conseguido reducir esa espera por debajo de los siete meses y medio. Ahora mismo, según los datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales que dirige Gorka Urtaran (PNV) al grupo juntero de EH Bildu, se encuentra en «7,4 meses». Se trata del triple que cuando corresponde a una valoración de la dependencia, que ahora ronda los «2,5 meses».

Y eso que la Diputación ha tomado medidas para reforzar los equipos técnicos y evitar que esta tramitación se eternice, aunque parecen insuficientes al no haber existido mejoras. En un primer momento se aumentaron de tres a cuatro los equipos de evaluación -que deben estar compuestos por médico, psicóloga, trabajadora social y administrativo de apoyo- e incluso se estableció una oficina 'ad hoc' en la esquina entre las calles Beato Tomás de Zumárraga y Domingo Beltrán. A raíz del acuerdo presupuestario de 2025 con EH Bildu, se incorporó otro equipo multidisciplinar de valoración que podría atender casos de dependencia, discapacidad y atención temprana, según la urgencia que haya en cada momento.

El incremento de las solicitudes para valorar la discapacidad ha generado una situación compleja. Desde la pandemia, en el territorio histórico se ha registrado un aumento del 81% en estas evaluaciones, impulsado principalmente por el crecimiento de trastornos adaptativos, como el autismo, el envejecimiento de la población y una mayor disposición a aceptar y declarar las limitaciones personales, dejando atrás antiguos estigmas. Por otro lado, muchas personas con un grado de discapacidad ya reconocido buscan una reevaluación, esperando que una nueva calificación les otorgue un porcentaje mayor que les permita acceder a más ayudas o beneficios públicos. Sin embargo, esta expectativa suele carecer de fundamento, ya que en la mayoría de los casos los resultados de las nuevas evaluaciones no varían significativamente, e incluso, en algunas ocasiones, los solicitantes han obtenido una puntuación inferior a la esperada.

Para obtener ese reconocimiento tienen que someterse a una serie de evaluaciones que el Ministerio quiso modificar en 2023 -entonces con Ione Belarra, de Podemos, al frente- para que fuesen más justas y que finalmente han resultado ser excesivamente complejas de aplicar. Ese grado que se asigna se consigue tras cruzar cuatro baremos: uno global de la deficiencia de la persona, otro que analiza las limitaciones en la actividad, el siguiente sobre la restricción en la participación del demandante y el último que se dedica a examinar los factores contextuales y las barreras ambientales. Tal es el caos que ha generado en todas las comunidades autónomas, que la cartera que ahora dirige Pablo Bustinduy (Sumar) se abrió a tratar de simplificar el sistema.

Ahora mismo, se encuentra en fase de licitación la adquisición de una oficina donde se unifiquen los equipos de valoración de la discapacidad y la dependencia, que ahora se encuentran repartidos entre San Prudencio y Domingo Beltrán.