El juez desestima las denuncias contra Campo y el secretario municipal

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Miranda ha sobreseido la causas contra el alcalde Fernando Campo y el secretario general del Ayuntamiento, José Javier Merino. En un auto emitido el pasado lunes concluye que no se dan ninguno de los dos delitos calificados en la querella que interpuso la Junta Administrativa de Ircio: ni el de abandono colectivo de funciones públicas ni el de prevaricación administrativa. Asimismo el juez entiende que «tampoco se dan los caracteres propios» de un delito de denegación de auxilio por funcionario público.

La sala interpreta, por tanto, que la vía judicial abierta por el alcalde pedáneo Miguel Díaz, al considerar que la Entidad Local Menor estaba sufriendo la paralización administrativa de muchos de sus procesos ya que no contaba con la presencia de un secretario que diera fe de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones, no tendría razón de ser. No, al menos, al menos con el argumentario legal que plantearon los servicios jurídicos de Ircio en la denuncia.

El razonamiento del juez para no admitirla a trámite -después de escuchar a las partes el pasado 11 de febrero-, se apoya en tres razonamientos que se dieron a conocer ayer. El primero hace referencia a la actitud de la pedanía. «Tenía la posibilidad, antes de acudir a la vía penal, de solicitar la adopción de medidas oportunas a la Junta de Castilla y León o bien de coordinarse con otras entidades locales menores para la contratación de un funcionario del cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento». Dicho de otro modo, «la existencia de otros medios impide apreciar que el auxilio requerido al secretario del Ayuntamiento de Miranda era debido».

No tenían obligación

La comunicación del juzgado, sobre la que existe posibilidad de interponer recurso, recoge también que la causa debe ser sobreseida porque el servicio para el que fue requerida la presencia del secretario de Miranda «no era una función que le estaba atribuida en exclusiva». A modo de conclusión, se asevera que «la existencia de varias vías previstas en el ordenamiento jurídico para que la Junta Administrativa de Ircio logre que las funciones de secretaría se desarrollen por funcionario habilitado, impide la intervención del derecho Penal en el castigo de una conducta que los imputados no estaban obligados a realizar».

Los argumentos de la sala fueron facilitados ayer por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Fernando Campo, que en vísperas de su comparecencia había rehuido cualquier pronunciamiento público sobre el asunto y que incluso quiso evitar la foto de un alcalde saliendo de los juzgados -lo hizo a través del edificio anexo, la Comisaría de la Policía Nacional-, planteó ayer que «es una satisfacción para el Ayuntamiento, para mi y para el secretario. Aunque es provisional, porque puede recurrirse, más que darnos la razón, se la ha quitado al alcalde Ircio».

Miguel Díaz, que se encontraba ayer de vacaciones en Inglaterra, planteó que la posibilidad de seguir adelante «está en manos del abogado. Nos reuniremos cuando regrese a España». El representante legal de Ircio, José María Castilla, ya se reconoció públicamente durante la fase de instrucción que se estaba sopesando la posibilidad de seguir adelante con la querella contra Fernando Campo.-