Querella contra el alcalde y el secretario

Con fecha de 27 de diciembre se presentó en el Juzgado de Instrucción de la ciudad una querella contra el alcalde mirandés, Fernando Campo, y el Secretario del Ayuntamiento. La denuncia la interpone, en su nombre y en representación de la Junta Administrativa de Ircio, Miguel Díaz, alcalde pedáneo de la Entidad Local Menor, desde la que se apunta que a Díaz, no le ha quedado otro remedio. Llevan ya más de cinco meses sin disponer de un secretario y entienden que es el Consistorio mirandés el que tiene que poner remedio a esta situación que «está paralizando» la actividad normal de la Junta Administrativa de Ircio.

Por todo esto se ha presentado la querella por un presunto delito de prevaricación y de abandono de un servicio público contra Fernando Campo, alcalde del Ayuntamiento y contra Francisco Javier Pindado, como Secretario. Funcionario que, por otra parte ya no ejerce esa labor en el Consistorio mirandés desde finales del año 2008. Consultados los representantes legales del querellante reconocen que se ha producido un error y que hoy mismo intentarán subsanarlo. La persona contra la que desean interponerla es José Javier Merino.

Los hechos que han acabado en el juzgado tienen su origen en marzo de 2010. Fue el día 3 de ese mes cuando la Junta Administrativa de Ircio recibió un escrito del Procurador del Común.

El defensor del pueblo de Castilla y León se hacía eco de una queja en la que se denunciaba que las funciones de la Secretaría se estaban ejerciendo por parte de una vecina de la localidad y no por el funcionario del Consistorio mirandés.

En su resolución apunta que esa tarea queda reservada a funcionarios públicos. Ocurrió el 28 de julio y es en ese momento cuando se inició el proceso que ha acabado en los tribunales.

El alcalde de Ircio considera que ha dado todos los pasos necesarios para encontrar una solución al problema, apunta que se han remitido escritos tanto al secretario como al primer edil mirandés y que tras cinco meses no ha recibido ninguna respuesta.

En el capítulo de exposición de los hechos que propician la presentación de la querella criminal, se insiste en que desde el Ayuntamiento mirandés no ha habido contestación a sus solicitudes y que el secretario lo único que les había indicado era que «no podía asumir ninguna función mientras su superior jerárquico, no le diese instrucciones sobre la cuestión».

Graves perjuicios

Para el querellante ese silencio y la falta de acciones concretas para solucionar la ausencia de un funcionario en la entidad local menor está ocasionando «graves perjuicios» a la Junta Administrativa por «esta paralización de la Secretaría».

Tomando como base la Ley 1/1998, de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León, a los representantes de Ircio no les cabe duda de que es el Secretario del Ayuntamiento mirandés quien tiene que asumir las funciones de la Secretaría de la Junta Administrativa y, como entiende que sabe cuáles son sus obligaciones por eso consideran que puede haber cometido un delito de abandono de servicio público y, subsidiariamente uno de prevaricación. Algo que en su opinión puede también imputarse al alcalde.