Desmontar la central nuclear de Garoña costará más de 10 años

El PP asegura que «no repercutirá en la factura de la luz»

El cierre del reactor burgalés no implicará una subida del suministro eléctrico y lo corrobora el hecho de que la planta lleva desconectada de la red casi cinco años, según aseguró ayer el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo. «Garoña ha permanecido cerrada durante mucho tiempo y nunca ha repercutido sobre la factura de la luz, por lo que tampoco lo hará ahora», enfatizó el dirigente del PP. A su partido, según dijo, «le hubiera gustado tomar otra decisión», pero «la situación política en que vivimos no goza del consenso necesario para ello, sino todo lo contrario».

López de Uralde advierte que «aún quedan los residuos nucleares»

(Por Francisco Góngora)

«El problema de Garoña no ha terminado. Después del cierre quedan los residuos nucleares, muchas toneladas de material altamente contaminado que habrá que gestionar. Y como demuestran accidentes recientes, no están exentos de riesgo», manifestó ayer el coportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde.

El conocido activista ecologista, calculó que el desmantelamiento de las instalaciones de Santa María de Garoña durará al menos veinte años, «lo que es una buena noticia para el empleo en la zona», y comparó este hecho con lo que se realiza en Zorita tras su cierre. «Allí se ha terminado ya el 80% de su demolición y fue cerrada en 2006», precisó.

En cuanto al coste del desmontaje, el líder de Equo dijo que es difícil de estimar, aunque los cálculos oficiales lo sitúan en torno a los 200 millones de euros. «En cualquier caso, será alto, hablamos de cientos de millones», apostilló.

López de Uralde insistió en el riesgo evidente que todavía existe. «Los residuos nucleares son un 'debe' que dejan las empresas nucleares al Estado. Ha habido y hay accidentes de todo tipo con estos materiales. Hace dos meses hubo una explosión en un cementerio nuclear en Estados Unidos. En Fukushima fueron los residuos los que agudizaron las consecuencias del accidente», añadió.

Por otro lado, aseguró que con el cierre de Garoña «comienza el principio del fin de las nucleares en España», lo que supone que se abre el debate hacia la «transición energética» para sustituir esta energía por las renovables. López de Uralde criticó que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aludiese a la falta de consenso político como una de las razones para no prolongar la vida de esta planta porque, a su juicio, «si alguien utilizó políticamente Garoña fue el PP, que lo usó como caballo de Troya para alargar la vida de las nucleares».

«Una historia esperpéntica»

Las reacciones al anunciado cierre definitivo de la planta atómica del valle de Tobalina continuaron ayer desde el ámbito político. La presidenta del PSOE y exconsejera del CSN, Cristina Narbona, calificó ayer de «esperpéntica» la historia de la clausura en referencia al empeño del PP de cumplir su promesa electoral de mantener abierta Garoña mientras gobernase, «pese a la evidente falta de consenso social y político y las reticencias de Nuclenor» y a hacer un «traje legal a medida» para reabrirla.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Kike Fernández de Pinedo, solicitó el desmantelamiento inmediato de la central al cumplirse cinco años de su cierre provisional. También propuso crear una comisión interinstitucional de seguimiento del proceso .

«El trabajo que viene ahora es delicado y requiere mucho cuidado»

Francisco Castejón - Físico nuclear y ecologista

(Por Pablo Guillenea)

El cierre definitivo de la central nuclear de Garoña abre un periodo de reflexión sobre el futuro energético español. Francisco Castejón, físico nuclear, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro del Movimiento Ibérico Antinuclear, valora el impacto que la clausura puede tener en las fechas de vencimiento de los permisos de explotación del conjunto de plantas del Estado y advierte que desmantelar las instalaciones burgalesas será un «proceso delicado» que puede «durar 20 ó 30 años».

- ¿Supone el cierre de Garoña la prueba de la efectividad de la presión ciudadana?

- Yo creo que absolutamente sí. Ha sido una demostración de que podemos echar un pulso a un gobierno como el del Partido Popular, que está a favor de la continuidad nuclear. También a la industria nuclear, que en el caso de Garoña ha estado más dubitativa después de que Iberdrola se pronunciara a favor del cierre. Podemos echar ese pulso y podemos ganar. Y es que las dudas de Iberdrola tienen mucho que ver con la presión ciudadana. Podemos decir que la demanda de más seguridad, más transparencia y más democracia que cunde en la ciudadanía se estira también al sector nuclear y gracias a eso hemos conseguido que se paralice definitivamente Garoña.

- ¿Qué podemos esperar ahora del resto del parque nuclear?

- Garoña ha sido, en cierto sentido, la piedra de toque. Se trata de una central pequeña, vieja y amortizada que no les preocupa mucho. Desde 2012 nosotros ya preveíamos que Garoña tenía los días contados, y hemos hecho mucho hincapié en el cierre también de la central nuclear de Almaraz, la segunda más antigua del Estado. Estamos a favor del cierre nuclear de forma escalonada según se vayan cumpliendo sus permisos de explotación.

- ¿Es eso posible?

- Desde el punto de vista técnico, sí. En España, aunque las nucleares produzcan aproximadamente el 20% de la electricidad, en términos de potencia instalada supone menos del 10% del total. Sin embargo, este tipo de electricidad funciona porque la fijación de precios del mercado eléctrico español favorece la entrega de las centrales nucleares. Son perfectamente prescindibles y no solo eso, sino que suponen un freno a la transición hacia un modelo energético que tenga una participación masiva de renovables.

- ¿Cuáles son los pasos a dar?

- La posibilidad que tenemos de conseguir esto depende mucho de la correlación política. Pienso que la ciudadanía está claramente a favor del cierre escalonado de nucleares y lo que hay que hacer es que eso se traduzca en presión sobre los partidos políticos para que tomen nota. De las decisiones que se adopten de aquí a 2024 dependerá el futuro energético español. Una prolongación del funcionamiento de las centrales hasta los 60 años, como defiende el PP y la industria nuclear, sería condenarnos a un modelo energético basado en estas plantas y con una penetración muy limitada de renovables.

Combustible gastado

- El Gobierno habla de un incremento del 25% de la factura de la luz de cerrarse el campo nuclear.

- Ese es un dato simplemente falso. Hay que hacer el cálculo con cuidado para ver cuál sería el precio final. En realidad, sin tomar ninguna medida correctora, no subiría más que un 5%. Pero claro, tras el cierre de las nucleares habría que tomar medidas de ahorro y eficiencia energética. En primer lugar para disminuir los consumos y en segundo lugar para favorecer la inclusión de renovables, con lo que el precio no subiría; es más, si ese 20% de energía nuclear que se produce lo sustituímos por ahorro y renovables, llegaría a bajar.

- El desmantelamiento es un proceso largo. ¿Hasta qué punto es delicado y cuáles son los riesgos?

-Efectivamente, es un proceso delicado que hay que hacer con mucho cuidado y que puede llevar entre 20 y 30 años. El primer paso a dar al desmantelar una central nuclear es sacar el combustible gastado de la vasija, algo que en Garoña ya se hizo en 2012. Ahora lo que toca es que Nuclenor realice un plan de desmantelamiento y al cabo de un par de años entraría Enresa, que se haría cargo de la central. Además contrataría la mayor parte de trabajadores para el desmantelamiento de la plantilla de Garoña, porque son quienes se acuerdan de los episodios radiológicos que haya podido tener la central.