El 6 de febrero, fecha límite para proclamar president

El presidente Mariano Rajoy, durante una reunión del Consejo de Gobierno./EFE
El presidente Mariano Rajoy, durante una reunión del Consejo de Gobierno. / EFE

Las elecciones podrían repetirse a finales de mayo si ningún candidato obtiene la mayoría, algo improbable tras la victoria de los independentistas

CRISTIAN REINO

Una vez que la ciudadanía ha hablado, empieza a correr el reloj para que Cataluña tenga un nuevo Gobierno autonómico, lo que de forma automática anularía la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tras las elecciones de este jueves, la primera fecha marcada en rojo en el calendario es la de la sesión constitutiva de la Cámara catalana. El Estatuto de autonomía, la ley que regula la Presidencia de la Generalitat, establece que debe producirse en un plazo máximo de 20 días hábiles después de los comicios.

Esto sitúa el 23 de enero como data límite para el inicio de la legislatura. La convocatoria de la sesión parlamentaria tiene que realizarla el presidente de la Generalitat en funciones. En tanto que Carles Puigdemont está cesado, quien firmará la convocatoria con toda probabilidad Mariano Rajoy en virtud del artículo 155, aunque esas funciones las delegó en Soraya Sáenz de Santamaría. En todo caso, el presidente del Gobierno tiene en sus manos los plazos del arranque de la legislatura catalana.

Después de que el Parlamento catalán haya elegido a un nuevo presidente de la Cámara y a los miembros de las mesa, en los siguientes diez días laborables debería celebrarse el primer debate de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat. El presidente del Parlamento abre consultas con los aspirantes y como muy tarde nos situaríamos en el 6 de febrero para la sesión de elección del jefe del Ejecutivo autonómico.

Plazos acotados

En Cataluña, a diferencia del funcionamiento del Congreso de los diputados y de la elección del presidente del Gobierno central, no puede pasar lo que ocurrió con la fallida investidura de la pasada legislatura española, en la que el reloj no empezó a correr hasta que el Rey propuso un candidato a la Presidencia del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, que finalmente no consiguió el apoyo necesario. El jefe del Estado no tenía un plazo determinado para proponer aspirante y la situación de interinidad podría haberse prolongado sine die. En Cataluña esa situación no es posible, porque los plazos están acotados por ley.

El debate de investidura dura tradicionalmente dos días. Al final de las doble jornada parlamentaria, se vota la investidura. Si el candidato propuesto obtiene la mayoría absoluta (68 escaños como mínimo) de la Cámara, es investido presidente de la Generalitat. Pero si no consigue el apoyo del hemiciclo, puede someterse a un segundo debate a los dos días, en el que es suficiente la mayoría simple -más votos a favor que en contra-.

 Es lo que le ocurrió a Artur Mas en la pasada legislatura. La CUP insistió en no investir al expresidente de la Generalitat, quien no superó las dos primeras votaciones. Los 10 escaños anticapitalistas marcaron la diferencia. A partir del segundo intento de investidura, se abre un periodo máximo de dos meses, en el que si ningún candidato sale elegido, la Cámara quedaría disuelta de manera automática.

Hipotética disolución

A Mas le quedaban dos días cuando decidió apartarse y desbloquear la elección proponiendo a Carles Puigdemont como candidato, lo que contó con el aval de la CUP, que está vez sí apoyó al aspirante convergente. En función de los plazos, el hemiciclo catalán podría quedar disuelto el 6 de abril.

En ese momento, el presidente del Gobierno central, en tanto que Cataluña seguirá sin presidente de la Generalitat, debería convocar elecciones de manera inmediata, para que puedan celebrarse a los 54 días hábiles de la disolución de la Cámara. Así, los hipotéticos nuevos comicios podrían celebrarse en torno al 30 de mayo, cinco meses después de las elecciones de ayer. No solo los catalanes deberían regresar a las urnas, sino que además se prolongaría la vigencia del artículo 155.

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