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Traseras del edificio que alberga los dos juzgados de Miranda.

El TSJ pide «un estudio definitivo» para implantar el tercer juzgado en Miranda

La carga de trabajo, subsanada de forma puntual con un juez de apoyo, continúa saturando las salas

salvador arroyo

Viernes, 15 de mayo 2015, 23:58

Ni es la primera vez ni será la última mientras persista la carencia.El TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha cerrado la memoria de 2014 con un listado de necesidades en las que como viene sucediendo de forma reiterada desde hace al menos tres años vuelve a plantear que Miranda cuente con un tercer juzgado. El volumen de procedimientos es el principal argumento que se esgrime desde el máximo órgano judicial de la región para reclamar esa ampliación de servicio. Lo hace, en esta oportunidad, solicitando «un estudio completo y definitivo» que ponga fin a un problema de saturación que, hasta la fecha y de forma puntual, se ha parcheado echando mano de profesionales de refuerzo.

El carácter «imprescindible» de esta tercera sala es innegable para el TSJ. Ya el informe de balance del pasado año, elaborado por el que hasta hace escasos días era el juez decano del partido judicial de Miranda, David Losada, planteaba que la situación era «endémica». Miranda se quedó sin la asignación de un tercer magistrado en la primera asignación de refuerzos que se habilitó el pasado año.

Ninguno de los diez nuevos cargos que tomaron posesión en Burgos en mayo tuvo como destino la ciudad. Esta circunstancia cambió a posteriori y durante unos meses una juez se incorporó de forma circunstancial para intentar reducir la carga de trabajo de las dos salas.

El propio presidente del TSJ, José Luis Concepción, reconocía ayer durante la presentación de la memoria de actividad que la Inspección del Consejo General del Poder Judicial ve necesarias crear más plazas de magistrado y, de forma aislada, algún juzgado más. Pero lo considera insuficiente.

También en la capital

Concepción insistió en que Burgos requiere un juzgado más de lo Social y que en los casos de Miranda y Aranda, la necesidad radica en salas de Primera Instancia. En este sentido, Concepción planteó que si bien la política del Ministerio de Justicia es la de no crear nuevas unidades judiciales, «son necesarios más juzgados» ya que en Burgos se ha tirado de jueces de refuerzo. Uno más hay en el Número 2 y 3 de lo Social de la capital, otro en lo Mercantil y en su día, hubo también profesionales de apoyo en Aranda y Miranda, donde uno de sus titulares se traslada a otro partido judicial.

En la memoria del TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León se hace referencia a la necesidad de subsanar las carencias «subsidiariamente» y mientras de afronta una reforma por la que también se aboga desde hace al menos cinco años.

De forma textual se indica que «sería deseable, como en tantas ocasiones se ha indicado desde esta Presidencia, que se afrontara de un manera razonable, fundada y definitiva, la racionalización de los Partidos Judiciales de la Provincia de Burgos; a fin de equilibrar adecuadamente su carga competencial;por ello se añade surge la necesidad de instar del Legislador que, en la línea de precedentes anteproyectos, borradores, etcétera, se afronte la ordenación territorial completa, orgánica y funcional de la distribución de los Partidos Judiciales de la Provincia de Burgos».

Hace menos de un mes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que el proyecto de reforma del sistema judicial, en fase de estudio, no contempla la eliminación de partidos judiciales ni, por tanto, la pretendida «provincialización» de la estructura judicial.

Una apuesta que sí figuraba en el anteproyecto de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que pretendió desarrollar su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón u que, en el caso de Burgos, contemplaba la centralización de todos los asuntos en la capital y, en consecuencia, eliminar las salas de Miranda, Aranda de Duero, Villarcayo, Briviesca, Salas de los Infantes y Lerma.

Un planteamiento que encontró un fuerte oposición de los propios profesionales y que políticamente se leyó como «un claro alejamiento de la justicia de los ciudadanos».

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