PNV y Bildu aprueban la Ley Municipal que cierra el entramado institucional vasco tras cuatro décadas

Un «hito histórico». Así ven el Gobierno vasco y el PNV la aprobación de la Ley Municipal, oficialmente denominada Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que por fin ha obtenido este mediodía la luz verde del Parlamento vasco gracias al acuerdo alcanzado entre los jeltzales y EH Bildu, dos fuerzas nacionalistas que, juntas, gobiernan en municipios que aglutinan a más del 80% de la población vasca. El calado político del debate se ha dejado notar en la tribuna de invitados, que se ha llenado de alcaldes. Allí han estado el de Getxo y presidente de Eudel, Imanol Landa; el de Bilbao, Juan María Aburto o el de Sestao, Josu Bergara, junto a otros primeros ediles jeltzales como los de Leioa, Amurrio, Beasain o Abadiño y el senador peneuvista y expresidente de la Asociación de Municipios Vascos Jokin Bildarratz. La izquierda abertzale, que se ha incorporado a los órganos de dirección de Eudel gracias a un acuerdo previo con el PNV que ha allanado el camino a la aprobación de la ley, ha querido dejar claro que no renuncia a Udalbiltza y ha enviado al alcalde de Hernani y presidente de esta agrupación, Luis Intxauspe. También ha acudido el alcalde popular de Baños de Ebro, Borja Monje, mientras que el PSE, muy crítico con la ley, no ha enviado a ninguno de sus nueve alcaldes.

Casi cuatro décadas después, la entente parlamentaria entre los dos partidos abertzales, que suman 48 escaños de 75, ha permitido alumbrar una ley que sirve para cerrar el complejo entramado institucional vasco, una tarea que se ha demostrado titánica por los roces con las diputaciones y los sucesivos recursos ante la comisión arbitral y que intentaron acometer en su momento, sin éxito, los Gobiernos de José Antonio Ardanza, Juan José Ibarretxe y Patxi López y que ha tenido que esperar al mandato de Iñigo Urkullu para llegar a buen puerto. Era, de hecho, el proyecto estrella del actual Ejecutivo vasco, exhibido para salvar, de hecho, el pobre balance legislativo de estos cuatro años, que la oposición le ha echado en cara durante el debate al recordarle que sólo seis de los 29 proyectos de ley comprometidos han sido aprobados por el Parlamento.

Críticas de PSE, PP y UPyD

PNV y Bildu han defendido su acuerdo frente a las críticas de PSE, PP y UPyD, especialmente ácidas en el caso del socialista José Antonio Pastor, que ha lamentado que se apruebe una «mala» ley que, a su juicio, adolece de un claro «sesgo foralista» y pone por ello «más énfasis» en «salvaguardar» las competencias de los territorios históricos que las de los municipios, a los que sigue tratando como los «parientes pobres» del entramado institucional. «Estos señores», ha dicho refiriéndose al PNV, «querían un acuerdo barato y ustedes se lo han vendido barato», ha reprochado Pastor a EH Bildu, una opinión compartida por la popular Laura Garrido, que también ha achacado el pacto a las «urgencias» e «intereses partidistas» de las dos fuerzas abertzales. Pastor y Garrido han rechazado también que la ley no garantice que los consistorios atiendan a los ciudadanos en las dos lenguas cooficiales y han señalado también lagunas en materia de transparencia o, en el caso del PSE, que la presencia de los municipios con voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas no tenga «fuerza vinculante» y mantenga la potestad de las diputaciones para apartarse del reparto de tributos que se decida. El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha cargado contra la ley por considerarla «un parche más« en el «absurdo» sistema institucional vasco.

Joseba Zorrilla (PNV) y Dani Maeztu (EH Bildu) han defendido la que consideran una «buena» ley que, han dicho, consolida el modelo «propio» institucional vasco, diferenciado del régimen común, y convierte a los ayuntamientos, según el parlamentario jeltzale, en «verdaderos poderes locales y no en meros prestadores de servicios» con sus competencias delimitadas y una financiación «adecuada y suficiente» que dobla, ha dicho, a la de los municipios españoles. Maeztu ha puesto énfasis en que la ley sirve para «apuntalar» los servicios sociales y «paliar los recortes que vienen de Madrid» gracias al acuerdo para que los ayuntamientos no tengan que cargar solos con la financiación de las Ayudas de Emergencia Social (AES) cuando se agoten los recursos del Gobierno vasco.