Las claves del conflicto

¿Cuál es el origen del litigio?

Todo arrancó a mediados de los 90, cuando las diputaciones lanzaron un sistema de ayudas fiscales a empresas para propiciar nuevas inversiones. Euskadi salía de una larga crisis, el paro superaba el 20% y la industria del acero se tambaleaba. Las ayudas consistían en una exención de impuestos los primeros años de vida de las compañías de nueva creación o la posibilidad de deducir hasta el 45% de las inversiones.

¿Por qué actuó la UE contra esas ayudas?

La Comisión Europea abrió un expediente en julio de 2001 al considerar que los incentivos podían ser ayudas de Estado. Impresión que confirmó tras una investigación. Su postura fue respaldada hasta en dos ocasiones por el Tribunal de Luxemburgo, que afeó a las diputaciones todas las trabas que habían puesto a la hora de ofrecer información. Una anécdota refleja lo sucedido: en una ocasión se remitió desde Bizkaia una furgoneta cargada con algo más de 100.000 folios convenientemente desordenados ante la enésima exigencia de que se remitieran los datos requeridos.

¿Qué se ha juzgado?

La polémica legislación no está en vigor fue derogada a principios de 2000, pero la Comisión no vio satisfecha su pretensión de que se devolvieran las ayudas ilegales. Por ello, a mediados de 2011 pidió al Tribunal de la UE que sancionara a España la UE solo se relaciona con los estados con una multa millonaria.

¿Se han devuelto los incentivos?

Ahora sí, pero cuando se desencadenó el proceso de la sanción, Europa sólo daba por recuperados el 13% de los incentivos. De hecho, el pasado enero, la abogada general del Tribunal de Luxemburgo ejerce un papel similar a la Fiscalía española hizo notar que habían transcurrido 2.500 días desde que se les ordenó reclamar la devolución de los impuestos ilegalmente perdonados hasta que lo hicieron. Al final, las diputaciones terminaron por ceder y recaudaron cerca de 510 millones. En su actitud dilatoria ha tenido mucho que ver la patronal Confebask, que presionó y convenció a los ejecutivos forales para que dieran largas a Bruselas, una táctica abiertamente respaldada por el PNV y por el PP.

¿A qué sanción se enfrenta Euskadi?

La propuesta inicial era de 64,5 millones, aunque ahora ha quedado rebajada hasta los 30. La multa tendrá que pagarla el País Vasco mediante un aumento del Cupo a abonar al Estado.