Tres de cada cuatro habitaciones de residencias serán individuales

Euskadi ha logrado desatascar in extremis el tapón que se había formado para que cerca de 8.000 cuidadores de personas dependientes puedan acreditar su formación y, por lo tanto, mantener su empleo. La reunión mantenida la semana pasada entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se saldó con un acuerdo satisfactorio para las pretensiones vascas: los cuidadores de dependientes -tanto los que trabajan en centros y residencias como los auxiliares a domicilio y los que se ajustan a la figura de asistente personal en las casas- tendrán un margen extra, hasta 2022, para cumplir con la Ley de Dependencia.

Este plazo adicional evita un escenario indeseado: que esos miles de trabajadores quedaran fuera de la ley. Porque, después de varias prórrogas, la normativa estatal fijaba el 1 de enero de 2018 como fecha tope para acreditar una formación específica o una experiencia laboral larga. Y en el sector conviven hoy auxiliares de geriatría sin educación secundaria con otros que han cursado grados de FP y profesionales sobrecualificados.

Si no fuera suficiente revolución, la acreditación también implica a los asistentes personales, los trabajadores contratados en los hogares para cuidar de personas dependientes. Estas últimas cobran una prestación para sufragar el gasto de contratar a un cuidador. Se trata de un colectivo laboral de perfil muy concreto, mayoritariamente mujeres, extranjeras y con escasa formación -con el que se identifica al 85% de los que hay en España-, lo que dificulta aún más la acreditación de un título. Un porcentaje tan elevado que obligó al Gobierno vasco a pelear hasta el último minuto, ya que para las demás autonomías no era algo urgente. De lo contrario, el colectivo hubiera quedado en un «limbo legal», según explicó ayer a este periódico Emilio Sola, director de Servicios Sociales del Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales.

Por si fuera poco, a este proceso ya de por sí complicado se añade la escasez de plazas formativas ofertadas para acreditar el título, que compete a Lanbide y a FP. Euskadi y el resto de comunidades asumieron este año que no llegarían a tiempo, e idearon un ‘plan B’. El Ejecutivo autonómico envío hace dos semanas cartas a 8.000 cuidadores instándoles ha apuntarse a la convocatoria de este año a sabiendas de que las 900 plazas son insuficientes. El objetivo era «que se inscribiera todo el mundo» y luego dar margen hasta 2022 para comprobar si los trabajadores cumplen los requisitos o deben hacer los cursos formativos. El visto bueno de Madrid era indispensable y un ‘no’ hubiera significado «un escenario terrible», reconocía Sola.

Haber conseguido más tiempo no ha despejado, sin embargo, todas las incógnitas. El Gobierno vasco sabe que la pelota está sobre el tejado de Lanbide y FP. Si no ofertan plazas suficientes, no se podrá atender toda la demanda por mucho que se hayan ganado cinco años de plazo. Además, quedan otros ‘flecos’ por cerrar. Uno concierne a los integradores sociales. El acuerdo con Madrid contempla convalidar su formación los que ya estén en el mercado laboral, pero deja fuera a los que todavía están estudiando. El sector se ha dirigido al Gobierno vasco para que se responda a su reivindicación.

SOS Racismo acusó ayer al Gobierno vasco de «poner en peligro los puestos de trabajo de miles de personas que trabajan en el cuidado de personas con dependencia, que en su mayoría son mujeres y migrantes». La asociación denunció que la notificación de las cartas se retrasó hasta el 9 de octubre, cuando el plazo para apuntarse a la convocatoria expiraba el 20 «con el puente del 12 de octubre entre medias».

El sindicato ELA, por su parte, calificó de «desastre» el proceso de regulación del sector. «No tenemos información, ni nosotros ni las empresas», lamentó su portavoz Iñigo Zubeldia, que recordó que en 2015 el Gobierno vasco ya abrió un plazo de acreditación de títulos porque «sabía que este diciembre se cumplían los plazos».