Varias comunidades autónomas se ven salpicadas por el fraude en sus OPE sanitarias

El último caso de presunto fraude que ha saltado a los medios hace apenas unos meses es también uno de los más escandalosos, no por el número de beneficiarios, sino por la identidad de estas personas. La hija de Casimiro Curbelo, presidente de La Gomera, una de sus amigas íntimas y el marido de ésta lograron los únicos tres aprobados en la OPE de Enfermería y lo hicieron sin fallos en sus respuestas, según recogieron los medios locales. Coincidencia o no, la pasada primavera el apoyo de Curbelo fue clave para el cambio de gobierno en las islas tras dos décadas de mandatos de Coalición Canaria. La de la hija del político canario no ha sido la única acusación por irregularidades en una OPE sanitaria en este territorio insular, pero sí la más llamativa.

Como en el caso de Canarias el intentar enchufar a los más cercanos en las OPE no es algo del todo inusual. Le pasó al Seris, el Servicio Riojano de Salud. Hace ya más de una década los sindicatos exigieron la anulación de una oposición para celadores ante la sospecha de que varias de las personas aprobadas lo hicieron por ser «familiares, afines o tener parentesco» con cargos políticos de esta comunidad.

En Aragón una investigación interna de la Consejería de Salud llevó ante los tribunales a un técnico informático del departamento por acceder al servidor en el que se guardaba el examen de Nefrología. Su mujer sacó la mejor nota de la especialidad. Hizo una prueba casi perfecta. En Galicia Comisiones Obreras acusó a otras centrales de querer favorecer a familiares de sindicalistas en los concursos de traslados.

Más similar al caso vasco es el que tuvo lugar en la Comunidad Valenciana. Allí en 2018 el Sindicato Médico presentó ante la Consellería de Sanidad Universal sendas denuncias por «presunto fraude» en los exámenes para obtener una plaza de funcionario en dos categorías: Urología y Anestesiología. En ambas la central apreció resultados sospechosos. Había pocas notas muy altas. La mayoría en cambio, eran llamativamente bajas. «Confiamos en acabar con la triste cultura del enchufe que hemos padecido durante muchos años y que se resiste a desaparecer a pesar de las modificaciones implementadas en el modelo de concurso-oposición», afirmó entonces el Sindicato Médico Valenciano.

Andalucía, Asturias, Castilla y León o Cataluña son otras de las regiones que se han visto salpicadas por presuntas irregularidades en los procesos para optar a un empleo público en sus respectivos sistemas sanitarios. Aunque donde más han trascendido los posibles casos de fraude ha sido en Euskadi. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria investiga si hubo filtración de las preguntas a unos opositores concretos en trece categorías médicas. Los sindicatos personados en la causa -ESK y LAB- sostienen que el fraude ha podido afectar a una veintena de especialidades. Por el momento hay cinco médicos a los que se les encargó redactar los exámenes imputados por un presunto delito de revelación de secreto por funcionario público. Todos ellos formaban parte de los tribunales calificadores de sus respectivas especialidades.

En Euskadi llueve sobre mojado. En los 90 las filtraciones de otra OPE de Osakidetza acabaron en los tribunales. El que fuera entonces máximo responsable del Servicio de Salud, Mario González, reconoció que los exámenes fueron «manipulados» y varios testigos aseguraron que hubo deficiencias en la custodia de los ejercicios. Aquel juicio concluyó con penas de seis años de cárcel para González y otros tres responsables de Salud. La Audiencia de Vitoria determinó que, al menos, 300 ejercicios de aquella OPE a la que se presentaron 50.000 aspirantes para 2.500 plazas fueron manipulados. «Gran parte» de ellos, según la Justicia, pertenecían a afiliados del PSE y de UGT.