Sindicatos médicos llevarán a Illa a los tribunales por el reparto de las mascarillas defectuosas

La distribución entre los hospitales españoles de mascarillas del tipo FPP2 que resultaron defectuosas llevará al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los tribunales. Así lo reclama la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que interpondrá una querella en su contra ante el Tribunal Supremo por la «actuación negligente» de su ministerio, que ha puesto «en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades», apunta el Comité Ejecutivo de la CESM.

Según informó en un comunicado, la querella se presentará por la «presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores», concretamente por lo dispuesto en el artículo 316 del Código Penal, que persigue a quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas», y en el artículo 317, para los que cometan dicho delito por «imprudencia grave». El Código Penal castiga estas infracciones con penas de prisión que oscilan entre seis meses y tres años y multas de seis a doce meses.

La CESM advierte de que «en los últimos días, una nueva y honda preocupación se ha añadido a la incertidumbre que acompaña, ya de manera lacerante, a los profesionales sanitarios en general, y de forma muy especial a los médicos y demás profesionales con asistencia directa a pacientes afectados de Covid-19». La partida de mascarillas defectuosas ha sido, dice, «la gota que ha colmado el vaso».

Otros equipos bajo sospecha

Al caso de las mascarillas se han unido otras irregularidades, porque, según los sindicatos médicos, posteriormente han aparecido «otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del Ministerio». «Y si esto no fuera suficiente, hemos de añadir la noticia publicada en un diario que asegura que Sanidad retiró las mascarillas 'fake' a los cinco días de saber que no estaban homologadas», añaden.

Por todo ello, la CESM subrayó que la «profunda y creciente preocupación» del personal sanitario «se atribuye ya de manera indefectible a la gestión que de esta pandemia se está realizando» desde el departamento que dirige Salvador Illa, y «se está transformando en máxima indignación». Esta situación, argumentan los médicos, «exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables», así como acciones por parte de la organización sindical que «garanticen su seguridad y la defensa de sus legítimos derechos e intereses».

Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) también se ha querellado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores. El origen de esta actuación radica en un acuerdo adoptado hace semanas por unanimidad por la Comisión Ejecutiva del Consejo, ante la falta de material de seguridad para protegerse en la asistencia a los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios.