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El Departamento de Salud ha incautado las fianzas depositadas por La Pau como garantía del cumplimiento del contrato que tenía suscrito con el Gobierno vasco por la prestación del servicio de ambulancias en Bizkaia y en Álava. En total la consejería le retiene 12,5 millones, la totalidad de los avales consignados. Salud quiere garantizar así que se la empresa va a realizar los pagos que tiene pendientes con sus trabajadores, por retrasos en los salarios, así como el abono de las diferentes penas impuestas por la Administración vasca.
Los sindicatos denunciaron hace unos días en el Parlamento vasco que la sociedad con sede en Badalona adeudaba a la plantilla «más de 3,5 millones de euros». Además del 75% de la extra de verano no abonada, quedarían pendientes los pagos correspondientes de la aplicación del nuevo convenio colectivo para 2022, 2023 y 2024, además de la parte proporcional de la extra de diciembre.
Con la retención de la fianza el Departamento garantiza también el cobro de las sanciones impuestas por Salud a La Pau por incumplimiento del contrato. Al menos han sido tres, la más cuantiosa por valor de 800.000 euros por emplear la empresa ambulancias contratadas por Osakidetza para otros servicios distintos.
El consejero Alberto Martínez, ha remitido un escrito al Parlamento en el que detalla que «para hacer frente a las deudas pendientes, se procederá a retener las garantías depositadas» por la compañía. En esa misma respuesta, a una pregunta de EH Bildu, Martínez detalla que los trabajadores «deberán presentar una demanda ante el juzgado de lo Social» para que este, a su vez pueda «exigir a la Administración el cumplimiento de las obligaciones laborales» pendientes. La consejería mantendrá confiscada la fianza durante un año. Si para entonces La Pau no ha pagado las deudas, Salud echará mano de los avales para realizar con ellos los pagos.
Precisamente este lunes se ha puesto fin a 5 años de andadura de La Pau en Euskadi. Tras su salida pactada con Salud, por las deficiencias en el servicio, denunciadas por sindicatos como USO o UGT, su relevo lo han tomado Sanir (Alsa) y Ambulancias Baztan Bidasoa, en Bizkaia, y Ambulancias Gipuzkoa, en Álava. El Gobierno vasco ha suscrito con estas compañías un contrato de emergencia con una duración de 14 meses por un importe de 110 millones.
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