El autogobierno a prueba y un Estado de Derecho llevado al límite

El PNV arrancó denunciando un 155 encubierto y acabó por apoyar todas las prórrogas del estado de alarma. Pero los choques entre Urkullu y Sánchez han sido constantes

Sostiene un viejo dicho que hay que tener cuidado con lo que se desea porque puede hacerse realidad. Algo parecido le ha sucedido a Iñigo Urkullu con la cogobernanza durante este año de pandemia, que ha puesto a prueba como nunca antes las costuras del autogobierno vasco, objeto de permanente tensión con el poder central desde los albores de la democracia. No obstante, la magnitud del tsunami que sorprendió al lehendakari el 14 de marzo de 2020 no es comparable a ninguno de los choques que los nacionalistas vascos han denunciado desde los tiempos de la LOAPA.

Lo que tuvo que enfrentar el Gobierno vasco aquel fin de semana para la historia resultaba tan desconocido como el propio virus surgido en Wuhan. Aún hoy recuerdan en Ajuria Enea el momento exacto en que dieron un paso inédito en todo el país: el cierre el 9 de marzo de los primeros colegios en Vitoria y Labastida, el punto de inflexión que hizo que los teléfonos de los presidentes de comunidades empezaran a echar humo. Urkullu habló, entre otros, con Díaz Ayuso para tratar de coordinar una respuesta: el contrapoder autonómico empezaba a gestarse y los protagonistas aún no lo sabían.

Ese 14 de marzo Urkullu había ordenado el cierre de bares y restaurantes, aunque mantenía abierto el comercio y permitía la libre movilidad. El decreto de Moncloa, que absorbía en un mando único todas las competencias para luchar contra el coronavirus, incluidas las de Osakidetza y la Ertzaintza, iba mucho más allá e imponía un cerrojazo severo y un confinamiento igualmente estricto.

La primera reacción fue por pura inercia, por la costumbre adquirida de revolverse contra potenciales invasiones de competencias: el Gobierno vasco denunció «un 155 encubierto» y los ánimos se encresparon. Pero las elecciones estaban a la vuelta de la esquina (5 de abril) y la gravedad de la situación empezaba a dejar claro que no iba a quedar más remedio que buscar algún recoveco jurídico para atrasarlas. La ciudadanía oscilaba entre el miedo y la estupefacción y pronto se decidió en Ajuria Enea y Sabin Etxea que no era momento de aspavientos sino de escenificar un 'todos a una' contra el enemigo común.

Hubo consenso, de hecho, para aplazar a julio las elecciones, pero el simbolismo del que el PNV quiso revestir aquel arranque de campaña evidenció que las costuras habían vuelto a tensarse. Los jeltzales, que tradicionalmente iniciaban en Vitoria la carrera hacia las urnas, la abrieron en Gernika, como acto de desagravio al autogobierno y de reivindicación de las instituciones vascas. Entre ambos hitos, en las conferencias de presidentes -una liturgia telemática y semanal que marcó el confinamiento- las voces de Urkullu y Torra empezaron a escucharse más altas que otras. Se quejaban, básicamente, de que Sánchez hacía y deshacía a su antojo. Los presidentes del PP, e incluso algunos socialistas, empezaron a unirse al coro.

En paralelo, el PNV se mantuvo en el Congreso como «el socio más leal» del Gobierno. La razón, que Sabin Etxea era muy consciente de que no había alternativa real a Sánchez. Además, a cambio, podía mantener su clásico juego de influencias en Madrid, en abierta competición con EH Bildu, y sacar tajada en cuestiones relacionadas precisamente con el autogobierno. Urkullu, que no ha dejado de chocar con Sánchez desde entonces pese a la sintonía que ambos han escenificado en su última reunión en enero en Moncloa, amagó con darle plantón en la conferencia de Yuso si no convocaba la Comisión Mixta. Se convocó. Y el PNV apoyó finalmente todas las prórrogas del estado de alarma, a cambio, por ejemplo, del traspaso del ingreso mínimo vital, que aún no ha llegado a manos vascas, o de que Sánchez accediera a compartir poder con las autonomías.

Fue el germen de la famosa cogobernanza, que resultó para Urkullu un caramelo envenenado, al verse maniatado por los términos del estado de alarma de seis meses que el PNV contribuyó a aprobar y entorpecido por los varapalos judiciales a sus restricciones. En Moncloa aseguran que el Estado autonómico sale «fortalecido» de la pandemia porque se ha visto obligado a engrasar los mecanismos de cooperación ante un virus «que no entiende de banderas». La visión en Lakua, que alaba cómo se han hecho las cosas en Alemania, con una descentralización similar a la española, es algo menos romántica. «Si ha salido fortalecido, que puede ser, no es por deseo de Sánchez sino porque se apartó a un lado. Después de decidir sobre cada instante de nuestra vida, decidió aparcarlo y dedicarse a otras cosas que pensó que podían ser más rentables electoralmente», zanjan.

Los juristas lamentan que los legisladores no hayan sabido adecuar la normativa a una realidad tan compleja. «El estado de alarma debe depender del Gobierno central, no de los autonómicos», avisan

En un año tan convulso como el que se vive desde que el 14 de marzo de 2020 se declarase el estado de alarma, hay muy pocas certezas. Ni cuándo se recuperará algo parecido a la normalidad, ni cuándo llegará la tan ansiada recuperación económica, ni si la vacunación tendrá los efectos deseados. Pero entre tanta incertidumbre, la mayoría de los juristas sí tienen algo claro. Que para frenar el caos provocado por la pandemia, el Estado de Derecho se ha estirado hasta límites preocupantes. Y lo peor, coinciden, es que habría habido margen para adecuar la legislación a una situación tan excepcional como la provocada por la Covid.

Cuando se activó el estado de alarma muy pocos conocían lo que era. Se recordaba que ya se había puesto en marcha en una ocasión, con la huelga de controladores aéreos de 2010. Pero enseguida se demostró que eran dos situaciones totalmente diferentes. Un precepto constitucional cuyo espíritu le otorga un carácter temporal lleva dirigiendo las vidas de España desde hace casi un año con algunos meses de 'libertad'. Estuvo activo hasta junio, en octubre se decretó de nuevo pero solo con un efecto limitado a Madrid y a finales de ese mismo mes se aprobó el tercero, que tiene un plazo de duración de seis meses y estará en vigor hasta mayo, aunque ya se habla de prorrogarlo.

Un plazo que, a juicio de Javier Tajadura, es «inconstitucional» aunque haya sido ratificado por el Congreso. El profesor de Derecho Constitucional de la UPV es de los que considera que la legislación «se ha estirado» hasta superar los límites legales. Y no solo por las formas en que se está prorrogando el estado de alarma. En su opinión, lo que se tenía que haber aprobado es un estado de excepción porque con el mecanismo avalado el 14-M «no se pueden suspender» derechos como se está haciendo en la actualidad. Limitar concentraciones, reuniones... «Prohibir manifestaciones es muy burdo», señala.

Confinamientos, cierre obligado de establecimientos, restricciones de movilidad... Decisiones que se han tomado al límite de la legalidad y que en no pocos casos han sido desautorizadas por los tribunales, como por ejemplo sucedió en Euskadi con la clausura de los establecimientos hosteleros. El problema es que todo se mueve en un limbo jurídico en el que no es extraño que tribunales superiores de diferentes comunidades tomen decisiones en sentido opuesto. Por eso Tajadura lamenta que el Tribunal Constitucional no haya emitido a estas alturas un dictamen que clarifique la situación y no haya respondido a los recursos presentados.

«En una situación como la que vivimos, el Constitucional y el Supremo tendrían que dar una prioridad absoluta a los recursos», comparte Alberto López Basaguren, quien hace ya unas semanas advertía en una entrevista en EL CORREO de que «hay un intento muy serio por normalizar la excepción». El catedrático de Derecho Constitucional de la UPV concede que «a veces la realidad supera a la ficción» y que ningún legislador podía prever algo como lo que vivimos, pero también considera que la gestión del estado de alarma -precepto que defiende y que califica como «necesario»- ha sido mejorable y que lo que no es «admisible» es que durante estos meses tampoco «se hayan adecuado» a la realidad las leyes de salud pública o la electoral. De hecho, se subraya que uno de los mejores ejemplos de cómo se han sobrepasado los límites han sido las convocatorias electorales que se han desarrollado estos meses, celebradas en ocasiones con un paraguas legal más que dudoso.

Una cuestión en la que también pone el acento Naiara Arriola, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto. Comparte la tesis de que el Estado de Derecho se ha llevado a límites insospechados y que la aprobación a finales del año pasado de un tercer estado de alarma hasta mayo es excesivo. «Entre 15 días y seis meses tiene que haber un término medio». Además, pone el énfasis en una cuestión vital para un sistema democrático. «El respeto a la norma». O lo que es lo mismo. Las decisiones políticas que se vayan adoptando tienen que ceñirse a lo que dicta la legislación y no buscar interpretaciones 'imaginativas' para justificarlas.

Y ahí también entra en juego la cogobernanza, un intento por adaptar la alarma a la realidad autonómica, pero que según los juristas no tiene cabida en el ordenamiento legal. «El estado de alarma debe depender del Gobierno central, no delegarlo en los autonómicos», coinciden. «No han sido capaces de legislar. Quizás, porque no son leyes con las que se obtengan réditos electorales», añade Arriola. Y esa incapacidad ha llevado al Estado de Derecho al límite. «Es evidente que sus costuras han crujido», subraya Basaguren. Y, como añade Tajadura, «se han hecho cosas que ya no tienen remedio».