PNV y PSE lanzan su ley para agilizar la construcción de vivienda entre críticas de toda la oposición
El Parlamento inicia la tramitación urgente de una norma que busca reducir la burocracia y reactivar promociones paralizadas por falta de rentabilidad
La Ley de Medidas Urgentes con la que el Gobierno vasco aspira a agilizar la ejecución de vivienda en Euskadi, sobre todo protegida pero también ... libre, ha iniciado hoy jueves su tramitación parlamentaria. El objetivo es que la norma quede aprobada por la vía rápida antes de que finalice 2025 cuando habitualmente el Legislativo suele dedicar unos dos años a debatir sobre textos de esta enjundia y calado. La «crisis habitacional», los graves problemas para acceder a un piso que afectan a un número cada vez mayor de ciudadanos, justifican las prisas y, probablemente, que la Cámara mantenga su actividad en julio -mes inhábil- para ir avanzando.
PNV y PSE han aprovechado el último pleno ordinario del curso para lanzar la ley en nombre del Gobierno -así también se gana tiempo- cuya trascendencia queda patente con la inédita rueda de prensa que los líderes de ambos partidos, Aitor Esteban y Eneko Andueza, compartieron hace unas semanas para presentarla y desgranar su contenido. No pasa la coalición por su mejor momento, pero en esto van de la mano. Y, de momento, están solos. Nacionalistas y Socialistas han hecho valer su mayoría parlamentaria para que la norma supere el trámite de una toma en consideración. Un debate que ha servido al resto de partidos para expresar sus recelos por el fondo y la forma del texto. PP y Vox se han abstenido mientras que EH Bildu y Sumar han votado en contra.
La nueva norma llega para matizar hasta siete leyes autonómicas, especialmente la del Suelo aprobada hace dos décadas. Entre otras cuestiones busca acelerar los trámites urbanísticos y ambientales previos a la ejecución de una promoción con la habilitación de un «carril rápido» que las administraciones podrán tomar cuando consideren que una obra es urgente. También se abre la puerta a que los ayuntamientos reduzcan del 75% actual hasta un 60% el porcentaje de VPO requerido en promociones privadas para intentar «desbloquear» algunas construcciones que no arrancan por falta de rentabilidad. También se sientan las bases para la creación de un fondo de suelo público que gestionará el Gobierno y se faculta a las administraciones a imponer multas a los arrendadores que no respeten los topes del alquiler en municipios catalogados como zona tensionada.
«Hipoteca el futuro»
Para el PSE la ley será «un potente instrumento» para «dar respuesta» al problema de la vivienda en Euskadi «que ya afecta a más gente que a las capas vulnerables». «Hay que tener valentía para cambiar las cosas», ha revivincidado Eneko Andueza. Por parte del PNV, el parlamentario Jonatan Moreno ha apostado por «preservar que la gente decida cómo quiere vivir», y ha asegurado que fomentar la ejecución de viviendas de venta libre rebajando el porcentaje de VPO «no es un sacrilegio».
Este tema es uno de los que no gusta a EH Bildu, cuyos alcaldes deberán decidir si revisan las cuotas. «Están retando a nuestros ayuntamientos», ha lamentado el soberanista Xabier Astigarraga. Para la coalición la nueva norma tiene «visión cortoplacista» e «hipotecará el futuro» al alentar que se construyan menos viviendas protegidas. En el 'no' se ha situado también el representante de Sumar Jon Hernández. «Es una ley redactada en los despachos de la banca y las constructoras que no va a ayudar a que bajen los precios». Pese ha haberse abstenido, el PP también ha sido duro con PNV, PSE y el Gobierno. «Presentan un texto con graves carencias y errores, es una reforma tibia que busca chivos expiatorios de lo mal que llevan años gestionando el asunto y ataca a los propietarios privados amenazándoles con multas», ha dicho la representante popular Ana Morales.
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