El PP reconoce que el síndrome post aborto carece de evidencia científica

La existencia de un supuesto síndrome post aborto ha abierto un nuevo frente político. Lo ha hecho con motivo de la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid impulsada por PP y Vox para que las mujeres que soliciten la interrupción de su embarazo sean informadas sobre los riesgos que conlleva para su salud. Según defiende la formación de Santiago Abascal, el aborto conlleva una larga lista de secuela físicas y psíquicas que incluye «depresión, profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado».

Dado el cariz que ha adquirido la polémica, el propio alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, reconoció ayer que el síndrome post aborto «no es una categoría científica reconocida» y contradijo la versión de Vox al asegurar que no será obligatorio recibir información sobre el mismo.

El PP se ha visto obligado a matizar su postura en torno al pacto con los de Abascal al afectar a un tema trascendental como el aborto, en el que Génova hace equilibrios para no herir ninguna sensibilidad entre las diferentes corrientes internas del partido, muy especialmente las democristiana y conservadora. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, se sumó a las palabras de Almeida. «El alcalde ha explicado con claridad que nadie va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid, que, en ningún caso, la va a determinar Vox, sino técnicos de los servicios municipales», señaló el número dos del PP, quien también aludió a que no está probado médicamente la existencia del síndrome.

Pedro Sánchez hizo un alto en la reunión de la OTAN a la que asiste en Dinamarca para asegurar que su Gobierno garantizará el acceso al aborto de todas las mujeres frente a los intentos de gobiernos autonómicos y municipales de limitarlo. «Se trata de un derecho que está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado y hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico, de un sectarismo político de instituciones que van más allá del Ayuntamiento de Madrid», denunció el presidente del Gobierno desde Copenhague.

La Conferencia Episcopal Española sí mostró este jueves un apoyo sin fisuras a la medida del consistorio madrileño. «En cuanto al síndrome post-aborto, que hay ese debate, le puedo asegurar que todas las iniciativas que hay en ámbito de Iglesia de apoyo a las mujeres que han abortado confirman que, ciertamente, eso existe. Y, bueno, pues, personalmente, tengo la experiencia y conozco un caso cercano donde hubo un aborto y esa madre lo pasó muy mal», justificó el portavoz de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.

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