La niña víctima de una red de pederastia sufrió las violaciones dos años antes de entrar en el centro del Govern

La exdirectora de la DGAIA, el organismo del Govern encargado de la atención a la infancia y los adolescentes, ha asegurado en una comparecencia en la Cámara catalana que cuando la niña sufrió las violaciones no estaba bajo la guardia de la Generalitat. Según Ester Cabanes, la menor sufrió las violaciones dos años antes de entrar en el centro que estaba bajo el paraguas de la administración. Y que fueron los empleados de este centro los que detectaron los hechos ocurridos y la denuncia que permitió a los Mossos, en 2024, desarticular la red de pederastas.

La menor vivía en el centro, aunque mantenía la tutela de sus padres, según Cabanes. Llegó al centro en mayo de 2021 y los hechos se descubrieron y denunciaron en octubre de ese año. Los empleados detectaron a través de su móvil que mantenía una relación «no aconsejable». Al tener la tutela de los padres, salía y entraba con más facilidad del centro. Se escapó dos días y al regreso es cuando se descubrió todo. Hasta ahora, la versión que había trascendido de la investigación es que había sido un cliente arrepentido de la red de pederastia el que había denunciado. Cabanes ha afirmado este miércoles que fueron la madre y los empleados del centro. «Si la DGAIA no hubiera actuado, nunca habría existido la operación Damocles», ha asegurado en el Parlament.

La exalto cargo del Govern dirigió la DGAIA de 2018 a 2024. Ha descrito el entorno familiar de la pequeña como muy complicado, con una separación conflictiva de los padres y su madre con cáncer terminal.

También han intervenido en la comisión de Derechos Sociales el exconsejero del ramo, Chakir El Homrani, así como dos exsecretarios generales del departamento. Todos ellos han defendido la actuación del departamento entre 2016 y 2020, los años que están bajo la lupa de la Sindicatura de Cuentas por presuntas irregularidades. Han admitido que hubo «incidencias» no irregularidades y las han justificado por la aplicación del 155, la Generalitat estaba intervenida, por la pandemia y el aumento en la llegada de menores extranjeros no acompañados. En un año, se quintuplicó, según han expuesto. Si la Generalitat subcontrató 292 centros de menores tutelados a través de un procedimiento de emergencia es porque había que agilizar los procesos. Había sobreocupación y la única manera era la contratación de emergencia, han justificado.