Una jueza obliga al Gobierno vasco a abonar 200 millones a 3.000 profesores prejubilados

El asunto genera tensiones desde el primer día, pero especialmente desde que el colectivo de afectados creó en 2017 la plataforma Adostuz y mantiene vivo el pulso con el Ejecutivo. Reclaman las indemnizaciones que el Departamento de Educación ofrecía a los docentes de Primaria y Secundaria que se prejubilaban para facilitar el relevo generacional en el sector y, de paso, ahorrar el pago de muchos trienios a la Administración.

Las primas comprometen al Gobierno vasco a abonar un máximo de 18 mensualidades a los profesores que se jubilan antes de cumplir los 65 años. La cuantía varía mucho en función de cada caso, aunque algunas fuentes estiman que la indemnización podría rondar los 40.000 euros por afectado. Fueron suspendidas en 2012 mediante un decreto en el que se recogían una batería de recortes en las condiciones laborales del personal de la Administración para hacer frente a la crisis.

Desde entonces el número de profesores que se han prejubilado supera ya los tres millares, aunque la denuncia que ha generado la sentencia está interpuesta por Adostuz en nombre de los 2.623 docentes que llevan más tiempo esperando. La plataforma argumenta que la norma que eliminó el bonus decretaba su «suspensión» y no su eliminación, por lo que, una vez derogado el decreto, el pago debería retomarse. El Gobierno no lo ve así, porque año tras año la Ley de Presupuestos insiste en que la Administración no tiene la obligación de abonar las indemnizaciones. «Sería una irresponsabilidad (pagarlas)», aseguró el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, hace tres años.

El tira y afloja agotó la vía administrativa -los funcionarios están obligados a activarla en primera instancia cuando reclaman al Gobierno- y se ha adentrado ya en la judicial. Adostuz presentó su primer recurso en 2019 y ahora la jueza les ha dado la razón. El fallo anula las resoluciones del Departamento de Educación que rechazan los recursos de los docentes y considera que la decisión de no abonar la prima «no se ajusta a derecho». También declara legítimo que cada uno de los afectados «cobre la prima de jubilación anticipada que en cada caso le corresponda» al considerar que la Ley de Presupuestos «no puede suprimir derechos».

Los portavoces de la plataforma Adostuz ofrecerán el lunes una rueda de prensa, secundados por todos los sindicatos vascos, para felicitarse por el «significativo» paso adelante. Pero son conscientes de que el «calvario» no ha terminado. Se da por hecho que el Gobierno vasco recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia, con lo que el proceso puede eternizarse. «Si hace falta iremos al Supremo y a Europa, pero el PNV juega con eso, sabe que los afectados tenemos ya 70 años y que no tenemos otros 20 para litigar», lamentó ayer Luisa Calvo, portavoz del colectivo.

Adostuz también quiere retomar la vía política. La pasada legislatura, cuando PNV y PSE-EE gobernaban en minoría, la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- unió sus votos para aprobar en el Parlamento una proposición no de ley que instaba al Gabinete Urkullu a abonar las primas. La iniciativa no es vinculante, así que el Gobierno la orilló. La oposición insistió y presentó una proposición de ley -esta sí era obligatoria de cumplir- en la que obligaba a que se abonaran las primas, pero el adelanto de las elecciones impidió su aprobación.

Los equilibrios parlamentarios han cambiado esta legislatura. PNV y PSE-EE suman ahora mayoría, y aunque los socialistas se mostraron partidarios de recuperar el bonus años atrás, cuando no formaban parte del Gobierno, el pacto de coalición les obliga ahora a ir de la mano con sus socios. Con la sentencia en la mano, Adostuz ha solicitado una reunión con el viceconsejero de Trabajo, Ángel Lapuente. Sigue esperando.