Los jueces vascos alertarán a los servicios sociales de desahucios a gente sin recursos

Desahucio registrado en Eibar que acabó en incidentes entre los vecinos y la Policía./E. C.
Desahucio registrado en Eibar que acabó en incidentes entre los vecinos y la Policía. / E. C.

El Gobierno vasco firma el primer convenio con el Poder Judicial y Eudel que incluye esta obligación y la creación de un registro informático para compartir información

JOSÉ DOMÍNGUEZ

Los desalojos no dejan de subir en el País Vasco, denuncia desde hace tiempo Stop Desahucios. En 2017 fueron 1.196, un 25% más que un año antes y dos de cada tres lo fueron por impago del alquiler. La casuística es múltiple, pero el portavoz de esta plataforma en Euskadi, Arturo Val del Olmo, denuncia que cada vez son más las familias en riesgo de exclusión social que se quedan sin techo porque «los jueces no analizan bien» su situación. Y lo cierto es que en una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado noviembre, el propio Juan Luis Ibarra reconocía que la detección temprana de estos casos no funciona. Y eso a pesar del compromiso alcanzado en 2013 entre el Poder Judicial, el Gobierno vasco y los ayuntamientos, y de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil el pasado junio. Un riesgo de desamparo que ha crecido tras decaer en enero en el Congreso el decreto para enfriar la burbuja del alquiler que reforzaba la exigencia a los tribunales de alertar a los servicios sociales de los lanzamientos de personas en situación vulnerable y buscarles alternativas de alojamiento.

En Euskadi, el Gobierno vasco blindará la protección a este colectivo con la aprobación en los próximos días de un convenio con el Consejo General del Poder judicial y la Asociación de Municipios Vascos Eudel. Es el primer acuerdo que firma una comunidad autónoma con un protocolo de actuación tan exhaustivo y que recoge expresamente el compromiso de los magistrados para, ante la mínima sospecha de lanzamiento a una familia sin recursos y tras su autorización previa, solicitar un informe a los servicios sociales de su localidad de residencia y paralizar el desalojo temporalmente. ¿Cuánto tiempo? Al menos un mes mientras se negocia una solución alternativa a través de pisos municipales o protegidos del Departamento de Vivienda, o ayudas o prestaciones sociales para facilitar su acceso a un arrendamiento.

En su contexto

4
años tendrá el convenio en el que, por parte del Gobierno vasco, colaboran las consejerías de Trabajo yJusticia, Empleo y Políticas Sociales y Vivienda.
Mediación hipotecaria.
En 2012, y ante el repunte de los desalojos motivados por impagos de los préstamos, el Gobierno vasco implantó varias medidas de carácter preventivo, como la creación del Servicio de Mediación Hipotecaria, que negocia las deudas con las entidades bancarias y ha atendido ya 208 expedientes.
Protocolo pisos públicos.
Desde inicios de 2017, Vivienda y Eudel tienen un protocolo para evitar los desahucios en el parque de más de 12.000 pisos que gestiona Alokabide. Los servicios sociales de los ayuntamientos informan al Ejecutivo de la situación de los que no pagan y las medidas posibles para evitar su desalojo.
60
pisos protegidos tiene reservados el Gobierno vasco para atender casos de desahucios, según establece el Plan Director de Vivienda vigente hasta 2020.

Sin recursos ni protección

Fuentes del Ejecutivo autonómico confirman que desde 2013 ya existía un acuerdo entre las tres instituciones, «pero no funcionaba porque antes los jueces no tenían obligación de informar sobre posibles casos de vulnerabilidad». Esta novedad será, a su juicio, fundamental para proteger al colectivo de personas sin recursos, «que hasta ahora no tenía ninguna protección especial».

Pero es que, además, la lucha contra los desahucios tampoco era efectiva «porque no existía una buena comunicación entre jueces y servicios sociales, y entre estos y el propio Gobierno vasco». Para solucionar esta carencia y establecer un contacto «lo más rápido, eficaz y eficiente» posible, el Departamento de Vivienda pondrá en marcha un registro informático al que tendrán acceso directo magistrados, trabajadores sociales y la viceconsejería. «Desde el primer aviso que remita un juzgado, en esta plataforma quedarán reflejados todos los pasos que se den, en ese caso y en todos los que puedan plantearse en Euskadi, y los expedientes se podrán consultar al instante», añaden las mismas fuentes.

Vivienda ya tiene un protocolo similar con Eudel desde hace dos años, pero reducido a su parque público, principalmente el de alquiler. «En este caso se consulta ya a los servicios sociales de base desde que se detectan varios impagos de la renta para conocer la situación real del arrendatario», remarcan.