Los jóvenes vascos piden a los municipios movilizar sus suelos para construir más VPO
El Consejo de la Juventud de Euskadi demanda «compromiso» a «todos los ayuntamientos» para solucionar el problema actual de la vivienda
Sólo el 35% de las personas entre 25 y 29 años está emancipada en Euskadi, un porcentaje que se reduce al 4% si atendemos a los jóvenes de entre 18 y 24 años. Que el precio de la vivienda haya subido a un ritmo mayor que el de los salarios ha provocado que muchos jóvenes vean insatisfecho su deseo de independizarse. Y esto, inevitablemente, ha elevado la edad media de emancipación a los 29,3 años en la comunidad autónoma.
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El acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones de la juventud vasca. Su solución «no depende de una única medida», sino de «una batería de acciones que tengan como reto aumentar el parque público residencial». Es la conclusión a la que llega el Consejo de la Juventud de Euskadi, el cual compareció ayer en el Parlamento a petición de la comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico para presentar la memoria de 2023 y los proyectos en los que trabaja este año.
Interpelada por los diferentes grupos políticos, la presidenta de la agrupación, Iratxe Uriarte, mostró su preocupación por la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a un domicilio asequible. La portavoz hizo un llamamiento a «todos los ayuntamientos» para que «urbanicen sus suelos» y se pueda «construir más VPO». «La medida estrella de la legislatura debe pasar por ampliar el parque público de vivienda, así que el compromiso de los consistorios debe ser claro», aseguró. Uriarte pidió asimismo unión a «todos los agentes, partidos políticos y municipios» para atajar el problema residencial en Euskadi.
Ley de Vivienda
La solución, en palabras del Consejo, no sólo pasa por construir. Hay que ir «más allá». «Se pueden barajar otras opciones, como movilizar vivienda vacía y destinarla al alquiler social, que el Gobierno vasco compre pisos propiedad de los bancos o adquirir las VPO que vayan a perder la calificación para que sigan siendo protegidas», lanzó Uriarte. Al mismo tiempo, apuntó que «la ley de vivienda ha tenido efectos negativos en el mercado inmobiliario vasco». «Hemos visto cómo se han retirado alquileres para venderlos o para destinarlos a otros usos».
Lo que sí valoró de forma positiva es la decisión del Gobierno vasco de elevar el tope de ingresos máximos para percibir la ayuda Gaztelagun hasta los 30.000 euros. «Muchos jóvenes de clase media también tienen problemas para entrar a un piso», remarcó. Durante la comparecencia, el Consejo también presentó los proyectos en los que trabaja. Entre ellos destacan programas de salud mental, de empleo o de discriminación en el acceso a un domicilio.
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