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Dos años de cárcel y hasta un millón de euros de multa. Esa es la pena que les puede caer a los italianos que recurran ... a la gestación subrogada en el extranjero tras la aprobación ayer en el Parlamento de Roma de una ley que convierte en «delito universal» esta practica, algo que sólo ocurría hasta ahora con crímenes particularmente graves, como el genocidio o el terrorismo. Los 'vientres de alquiler' ya estaban prohibidos en el país desde 2004, pero eran muchas las parejas, principalmente formadas por homosexuales, que viajaban a otros países, como Ucrania o Estados Unidos, para poder tener hijos. Ahora se arriesgan a acabar entre rejas y pagando una altísima multa con esta normativa impulsada por el Gobierno de derechas liderado por Giorgia Meloni, que ha sido muy criticada tanto por la oposición de izquierdas como por las asociaciones LGTBQ. Pese a ello, la coalición que sostiene al Ejecutivo, formado por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, había decidido dar la batalla en este asunto al considerarlo una cuestión identitaria.
«Quien se atrinchera detrás de la retórica de los 'derechos' debería preguntarse por qué hay una red mundial del feminismo que sostiene la iniciativa de Italia y considera a nuestro país un ejemplo a seguir», señaló Eugenia Roccella, ministra para la Natalidad, haciendo referencia a la fractura que la cuestión de la maternidad subrogada genera entre el movimiento feminista. Una parte lo considera una explotación del cuerpo de la mujer, mientras que la otra lo acepta cuando se elige de manera libre. «Con el voto del Parlamento italiano los derechos no es que se hayan negado, sino que al contrario se han reafirmado y hecho efectivos finalmente», insistió Roccella en su celebración de la aprobación de la ley. La normativa, de un solo artículo, modifica la legislación vigente para extender el delito al extranjero. La Liga pretendió en principio duplicar la multa hasta los dos millones de euros y las penas de cárcel hasta los 10 años, pero al final sus socios de coalición impusieron que se mantuvieran los castigos actuales. El proyecto de ley había sido aprobado en la Cámara en julio de 2023, pero su tramitación definitiva se había visto postergada en el Senado hasta ahora.
Las claves
La coalición que sostiene al Ejecutivo decidió plantar batalla al considerar ésta una cuestión identitaria
«¿Me están diciendo que puedo donar un riñón pero no prestar mi útero?», criticó una parlamentaria
«¿Qué os han hecho estos niños, estos menores para convertirse en el frente principal de vuestro furor legislativo?», le preguntó a los miembros del Gobierno el Senador Filippo Sensi, miembro del izquierdista Partido Democrático, la principal fuerza de la oposición. «Yo soy católico y estoy a favor de la maternidad subrogada, porque en el corazón del mensaje cristiano está solo el amor», explicó. Elisa Pirro, del Movimiento 5 Estrellas, acusó a los miembros de la coalición que sostiene al Ejecutivo de caer en el «comunismo de los órganos». «¿Me están diciendo que mi útero no es mío? Yo puedo donar un riñón, pero no puedo prestar mi útero como mujer italiana», lamentó.
La persecución a quienes recurren a la maternidad subrogada también en el extranjero no es la primera medida que el Gabinete de Meloni toma contra esta práctica. En enero de 2023, cuando sólo llevaba tres meses en el poder, envió una circular a los municipios italianos en los que les exigía que dejaran de inscribir en el registro civil a los hijos de las parejas homosexuales nacidos en el extranjero por medio de la maternidad subrogada o de la inseminación artificial. Aquella decisión propició que incluso algún fiscal intentara procesar a las parejas que habían inscrito ya a sus pequeños, como ocurrió en Padua, al norte del país.
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