Hacienda cuestionó «las exigencias» para adjudicar los BMW de la Ertzaintza
El informe elaborado por la Oficina de Control Económico -un órgano de la Consejería de Hacienda que se encarga de fiscalizar ciertas operaciones- en torno ... al contrato de adquisición de 300 vehículos BMW X1 para la Ertzaintza -que se adjudicó a 'Automóviles Oviedo' por 21 millones con financiación de los fondos Next Generation- critica varios puntos de este caso y establece tres indicadores «de bandera roja», pese a lo cual el contrato se llevó a cabo. Además, apunta a una «falta de previsión» en la reposición de las patrullas, lo que condujo «a una licitación masiva con los problemas que la misma crea en la concurrencia y en la gestión».
El documento, desvelado ayer por el PP en el Parlamento, afea que no se haya optado por más contratos, pero de menos unidades para favorecer que las pequeñas y medianas empresas hubieran podido optar a la licitación. También pone en entredicho la elección de la marca y modelo, ya que «no sería el único que cumpliría con este tipo de necesidades». Asimismo, desliza que otras policías que contrataron la misma marca con la misma empresa establecieron «precios unitarios más bajos».
La Oficina de Control Económico también valora que «se establecen en los pliegos de condiciones particulares algunos requisitos, como el tiempo de entrega de los vehículos y el importe de la fianza, más exigentes que los habituales, para los que la gran generalidad de empresas a presentarse tiene muchas dificultades de cumplir».
Por todo ello, el Partido Popular pidió ayer el cese del viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Ricardo Ituarte, «por haber tomado la decisión de adjudicar un contrato de 21 millones con un informe demoledor en contra», denunció la parlamentaria Ainhoa Domaica.
A su juicio, el informe pone «blanco sobre negro estas sospechas que se estaban teniendo sobre cómo se había tramitado este contrato». El consejero compareció el 18 de junio a petición de la Domaica después de que EL CORREO desvelase el días antes el cese fulminante del jefe de división de parque móvil. En esa intervención se reveló que el informe económico-fiscal de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco fue desfavorable, aunque «no tenía carácter suspensivo».
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