El Gobierno vasco formará a los ayuntamientos para impulsar viviendas con espacios comunes

Con esta aprobación, el Ejecutivo también se compromete a liderar, «en colaboración con los municipios interesados», proyectos piloto de este tipo de vivienda. Estas actuaciones, que buscan servir de ejemplo para animar a la iniciativa privada, se desarrollarán en suelo público del propio Gobierno, como un proyecto que contempla ejecutar en la isla de Zorrozaurre, o también municipal. En todos estos casos la propiedad del solar volverá a ser de la administración una vez pasados 75 años. Por eso la mejor oferta se elige en un concurso público, si bien aquí «en ningún caso» prima el factor económico «sino el proyecto social» y «criterios comunitarios, intergeneracionales y ambientales».

A través de la encomienda parlamentaria, el Ejecutivo también se obliga a redoblar su apuesta por este modelo y uno de sus retos es mejorar el marco legal para dar todas las garantías jurídicas al 'cohousing'. No en vano, las iniciativas que ahora quieren fomentar estos proyectos alegan problemas debido, sobre todo, a las «reticencias burocráticas» a la hora de aprobar los tramites administrativos.

La parlamentaria socialista María Jesús San José justifica el apoyo de su grupo al impulso del 'cohousing' porque «el compromiso del Departamento vasco de Vivienda es firme e indudable en esta materia». Sobre todo desde que en el año 2019 la cámara vasca aprobara otra propuesta similar promovida entonces por la coalición abertzale.

En estos años, según subraya, se ha avanzado «mucho» y así lo refleja el Plan Director de Vivienda del Gobierno vasco 2021-2023 que, entre otras cosas, amplía el abanico de beneficiarios. Así, pueden optar a la cesión de uso de viviendas colaborativas personas mayores, pero también jóvenes que aboguen por proyectos intergeneracionales, familias numerosas, «monoparentales, con diversidad funcional e inscritos en Etxebide en régimen de alquiler con 3 años de antigüedad».

Además, el Ejecutivo también ha regulado un régimen especial de ayudas a proyectos de 'cohousing' «tanto de protección pública como de viviendas libres, y promovidos siempre por asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas». Optan a ellas iniciativas donde los miembros no pagan cuotas de más de 600 euros al mes ni más de 25.000 de «aportación inicial».

Las condiciones para acceder a estas aportaciones públicas son claras. Cada comunidad debe contar con estancias privadas para los residentes con «las condiciones mínimas de habitabilidad». El resto del espacio se destina a «servicios comunes para uso y disfrute de los cooperativistas» que pueden ir desde salas de televisión, a pequeños cines, bibliotecas, comedores, aulas de actividades...

Estas ayudas se destinan a la promoción, compra o rehabilitación de un mínimo de cinco viviendas, «cuyos suelos pueden ser de titularidad pública o privada». La cuantía concedida puede ascender a 12.000 euros por vivienda libre y 15.000 por protegida. Y hasta 18.000 si se participa en un programa intergeneracional.