El Gobierno vasco destinó un millón de euros a compensar impagos de alquiler

En estos últimos tres años, 193 propietarios vascos –106 de ellos vizcaínos– han recibido pagos por parte del Ejecutivo para mitigar el perjuicio que supone tener su piso alquilado a un inquilino que no cumple con las obligaciones legales. Y es que en plena crisis de la vivienda, con poca oferta y precios prohibitivos, «la seguridad –en palabras del consejero Denis Itxaso– es un factor fundamental a la hora de ofrecer confianza a los propietarios para que saquen sus pisos al mercado del arrendamiento».

El Departamento de Vivienda ha destinado hasta el 29 de enero 989.583 euros para compensar deudas de inquilinos. El mecanismo es el siguiente. El Gobierno paga a los propietarios afectados una renta equivalente al alquiler y otros gastos como pueden ser los suministros, pero con ciertos límites. La consejería fija como referencia el precio medio que calcula la Estadística del Mercado del Alquiler de Euskadi (EMAL) en cada una de las localidades. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si un propietario tiene su piso alquilado por 1.000 euros, pero la estadística oficial establece que la renta media que se paga en el municipio es de 850 euros al mes, el Ejecutivo abonará, como mucho, ese segundo tope.No más.

Desde que se puso en marcha este sistema de devoluciones, 310 propietarios han pedido la ayuda en Euskadi: 171 vizcaínos, 90 alaveses y 49 guipuzcoanos. Ahora, con la extensión del decreto, más afectados podrán presentar sus solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2026. Eso sí, la compensación solo cubrirá el periodo comprendido entre la fecha del auto de suspensión del desahucio hasta que acabe 2025. Los pagos «no serán de carácter retroactivo».

Itxaso reconoce que «las ayudas específicas» a aquellos que «sufren impagos por parte de inquilinos cuyo lanzamiento ha sido suspendido» forma parte del «programa de fomento al alquiler». Con esta herramienta, que también se aplica en el resto de comunidades autónomas del país, el Gobierno vasco busca «garantizar un equilibrio entre la protección de los inquilinos en situación desfavorecida y la seguridad de los propietarios». Al mismo tiempo, pretende evitar que se retiren más pisos del mercado de alquiler habitual por temor a no percibir la renta. «Para hacer más interesante el mercado del alquiler necesitamos ofrecer condiciones atractivas tanto a inquilinos como a propietarios», sostiene el consejero.

Pero además de este programa que sirve para amortiguar la falta de pagos en una situación concreta, el Departamento de Vivienda recuerda que «en los próximos meses» se actualizarán los criterios de acceso a las ayudas al alquiler y la renta máxima (675 euros) que se podrá cobrar por arrendar un piso con Bizigune, un proyecto autonómico que permite incorporar viviendas libres al mercado protegido y en el que es el Gobierno vasco quien paga al propietario y no el inquilino. Es decir, los propietarios tienen las mensualidades garantizadas. Hasta la fecha el programa gestiona 7.375 inmuebles, de los cuales 4.532 están situados en Bizkaia.