El fiscal pide el internamiento del joven de Basauri acusado del atropello mortal en Haro

El fiscal no se movió de su posición inicial y mantuvo su petición de absolución para el acusado, un vecino de Basauri de 34 años, al considerar que concurre la eximente completa de anomalía o alteración psíquica, aunque sí defiende que se le imponga una medida de internamiento para su tratamiento médico en un establecimiento adecuado con un plazo máximo de 25 años.

El abogado del encausado, al igual que el fiscal, insistió en reclamar la absolución al concurrir la eximente completa de alteración psíquica. Pero a diferencia del Ministerio Público, entiende que no procede una medida de libertad vigilada. En todo caso la pide de manera subsidiaria.

La acusación particular que representa a la madre y a los hermanos de la víctima mortal cambió su calificación al considerar al acusado autor de un delito de asesinato consumado -antes le imputaba homicidio- y de cinco en grado de tentativa, por los que reclama 25 años de cárcel.

El fiscal insistió en que el procesado, como certificaron los forenses que le evaluaron siete semanas después del suceso, tenía anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos. Una tesis similar a la del abogado del encausado, que fue el penúltimo en intervenir. A su juicio, ha quedado probado que sufría un brote psicótico y por tanto la Justicia «no puede castigar a quien no tenía la capacidad de comprender sus actos».

En respuesta a las acusaciones, que subrayaron que los médicos forenses que entrevistaron al acusado no eran psiquiatras, la defensa lamentó que dudasen de las palabras de los expertos -director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y directora del Instituto de Medicina Legal de La Rioja- como si hubieran tenido un trato de favor hacia el acusado. «La evidencia científica nos ofrece con absoluta certeza su estado mental en el momento de los hechos», señaló.

La abogada que representa a la familia del fallecido Manuel Montoya, al igual que la mayoría del resto de letrados de los cinco heridos, insistió en que el acusado pudo elegir marcharse al sufrir el ataque de miedo y no lo hizo. Mientras que el abogado de la novia del sanitario muerto afirmó que el acusado «era responsable de sus actos, era conocedor de lo que hacía y debe ser condenado por ello».

El resto de acusaciones de los cinco heridos: médico de emergencias de la UVI móvil, enfermera del 061, técnico sanitario y el matrimonio que paseaba por la zona, abundaron en la tesis de que el brote que sufrió el procesado «no afectó de tal manera sus facultades como para anularlas», porque «tomó la decisión de arremeter contra esas personas y, pese a su delirio, pudo escoger entre atacar para defenderse o huir, en vez de entrar al aparcamiento».