El encierro infinito

Todo cambió en agosto de 2017, cuando Birmania puso en marcha lo que Naciones Unidas ha calificado como «una limpieza étnica de manual». Con la excusa de combatir al grupo guerrillero de esta minoría musulmana, considerada la etnia más perseguida del mundo, el ejército de Myanmar -la antigua Birmania- y la población budista iniciaron una brutal campaña de asesinatos, violaciones y quema de viviendas que provocó una de las mayores crisis humanitarias de este siglo: en solo un mes, medio millón de personas cruzaron el río Naf, que dibuja la frontera entre ambos países; un año después, su número había aumentado a más de 730.000, que ahora se suman a los que ya huyeron durante las recurrentes oleadas de violencia que han sacudido la región desde 1978.

«Los soldados fueron casa por casa, robando todo lo de valor y separando a los hombres de las mujeres y de los niños. A ellas las violaron. Le sucedió a mi sobrina, que tuvo suerte de que no la ejecutaran después. A muchos niños sí que los mataron. Lo vi con mis propios ojos. En una ocasión, tuve que hacerme el muerto para no correr la misma suerte que un amigo mío, que fue decapitado», recuerda Shofike Alom, un hombre de 45 años que escapó en septiembre de 2017 y que ahora vive con su mujer y sus cinco hijos en una chabola del campo de Unchiprang. «Por lo menos, hemos conseguido que toda la familia se salve», apostilla, buscando cierto consuelo.

Menos suerte tuvo Hasina. «Los soldados mataron a mi marido y decidí huir con mis dos hijos. No fue fácil. Tuvimos que dejar atrás todo lo que teníamos, incluso a mis padres, que no están en condiciones de hacer el viaje. A mí me dispararon en el tobillo, caí, y me rompí la mano. Aun así, logramos llegar», recuerda esta mujer de 30 años que comparte chabola con otras tres personas y que acaba de dar a luz a una nueva niña en el campo número 20.

Allí se ha reencontrado con familiares y conocidos a los que perdió la pista durante el éxodo. Juntos acuden a los grifos en los que pueden abastecerse de agua dos veces al día, hacen largas colas con sus cartillas de racionamiento para recibir del ejército bangladeshí las lentejas, el arroz y el aceite que les mantienen vivos, y llevan a los más pequeños a las rudimentarias escuelas que Unicef gestiona para evitar que los niños, que suponen en torno a la mitad de los refugiados, terminen convertidos en una generación perdida.

Mientras tanto, ya apenas quedan ciudadanos rohingya en Myanmar, un país en el que son considerados inmigrantes bengalíes llegados de forma ilegal en el siglo XIX con los colonizadores británicos. Esa es la razón por la que el Gobierno de Naypidó rechaza reconocer a los rohingya como una de las 134 minorías étnicas del país, les niega la nacionalidad y el acceso a multitud de servicios básicos, y los confina al Estado noroccidental de Rakhine. «Estamos felices de seguir con vida y en Bangladesh nos sentimos más seguros, pero tememos no poder salir de los campos nunca más», apostilla Hasina.

Ese es un temor que comparten la mayoría de los refugiados. Naciones Unidas presiona a Myanmar para que ponga en marcha un proceso de repatriación, pero los rohingya exigen que se cumplan unas condiciones mínimas que chocan frontalmente con el odio que les profesa la mayoría de la población birmana. «Solo volveremos si se garantiza nuestra seguridad, se nos concede la nacionalidad y el acceso a la sanidad y la educación públicas, se devuelven nuestras propiedades y se respeta nuestro derecho a la libre circulación y a profesar el islam», enumera Mustafá, un activista rohingya del campo 16 que prefiere no dar su apellido para evitar represalias.

A finales del mes pasado, una delegación gubernamental birmana visitó los campamentos, situados cerca de la ciudad de Cox's Bazar, y prometió la naturalización a quienes puedan acreditar que llevan más de tres generaciones en Myanmar, algo que ya está recogido en la Ley de Ciudadanía de 1982. «Una vez que los padres obtienen la ciudadanía por esta vía -que no otorga los mismos derechos que la nacionalidad del resto de la población-, sus descendientes también tienen derecho a ella», comentó el pasado día 27 el secretario de Asuntos Exteriores birmano U Myint Thu.

El problema, rebaten airados en los campos de refugiados, es que la mayoría de quienes huyeron de la violencia no llevaron consigo los documentos que el Gobierno exige para iniciar el proceso, y que los militares se encargaron de destruir cuando pegaron fuego a decenas de pueblos de mayoría rohingya. «Se nos ha discriminado desde hace décadas por nuestra raza y nuestra religión. Se ha hecho todo lo posible para empobrecernos, y no hay razón para pensar que la situación vaya a cambiar si regresamos a Myanmar. No nos fiamos de las promesas de sus políticos», afirma Mustafá, que también escapó del país en agosto de 2017.

No obstante, todos coinciden en la necesidad de buscar una solución al problema lo antes posible, porque los campamentos están al límite, las condiciones de vida son deplorables y el mantenimiento es un enorme lastre económico para Bangladesh. Los 20 millones de dólares que el Gobierno destina a los refugiados cada año suponen una factura muy abultada para uno de los países más pobres del continente.

Además, la repentina explosión demográfica provocada por el éxodo rohingya provoca continuos roces con la población local, es el caldo de cultivo perfecto para el contagio de enfermedades, y se traduce en un grave problema medioambiental debido a la continua deforestación de los bosques en los que habitan los refugiados. Por si fuese poco, la falta de oportunidades económicas ha disparado el tráfico, tanto de personas como de estupefacientes. «Solo podemos acceder a trabajos de construcción y adecentamiento de los campos, por los que nos pagan 250 takas (2,7 euros) al día», se queja un hombre que abre una zanja en el campo 15.

Una de las soluciones propuestas incluye la reubicación de unos 100.000 rohingyas en una isla deshabitada de la bahía de Bengala. La primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, afirmó en febrero que se trata de una solución temporal para descongestionar los campos de Cox's Bazar, pero los detractores del plan denuncian que es un territorio que a menudo queda sumergido por las fuertes lluvias y que apenas cuenta con accesos. «Sería equiparable a un campo de concentración», afirma Mustafá. Consciente del peligro de que el problema se haga crónico, él aboga por una solución intermedia. «Si nos diesen estatus de refugiados, podríamos ser acogidos por otros países o, al menos, movernos por Bangladesh y tratar de buscarnos la vida», razona.