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La comunidad de la Inteligencia Artificial en Euskadi está «indignada» por la decisión del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de cancelar una ayuda de 31 millones de euros para proyectos relacionados con esta tecnología. «Es inaudito, increíble. En los 30 años que llevo en ciencia no me había ocurrido nunca», dice uno de los especialistas que se han visto afectados por la marcha atrás de un programa que debía traer al País Vasco 7,5 millones gracias a cuatro planes ganadores liderados por investigadores vascos y un quinto con participación de otro experto del territorio. La razón esgrimida por el departamento encabezado por Diana Morant es que esos recursos irán destinados a sufragar los gastos de la dana.
Una carta del ministerio firmada por el secretario de Estado con fecha del pasado 30 de diciembre a la que ha tenido acceso este periódico explicaba la situación. «A través de esta carta queremos informarte de que, durante el desarrollo del procedimiento administrativo para su resolución, han surgido una serie de circunstancias sobrevenidas que han provocado que finalmente no sea posible técnicamente resolver esta convocatoria. Se suma a esto la necesidad de priorizar la gestión de normas y programas de ayuda para la reconstrucción de infraestructuras y comunicaciones y recursos de diversa índole hacia los territorios afectados por la dana», argumenta la misiva.
La decisión «causa un daño enorme», dicen tres expertos consultados que prefieren mantener su anonimato. «España tiene un importante retraso en el campo de la Inteligencia Artificial. Esta convocatoria suponía un empujón para la investigación en IA, había ilusión, un horizonte de oportunidad para la comunidad investigadora, y de repente, la oportunidad desaparece sin razones convincentes. Te quita la fe en el apoyo en España a la investigación en Inteligencia Artificial», asegura uno de ellos.
La explicación dada por el ministerio encabezado por Morant es «una mala excusa que no se cree nadie», afirman al unísono. Las fechas no les cuadran. El programa, financiado con fondos europeos y enmarcado en el Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dio sus primeros pasos hace año y medio, el 7 de julio de 2023. Fue ese día cuando el entonces Ministerio de Universidades convocó estas ayudas por un montante de 31 millones de euros.
«Tuvimos que elaborarlas muy deprisa, en agosto, dejar a la gente sin vacaciones para trabajar en ellas, contactar con estudiantes y recién doctores para incorporarlos en previsión de la inminente publicación de la resolución de la convocatoria… Era como una rosa con espinas. Por un lado, por fin teníamos una convocatoria bien montada y dotada que evitaba el café para todos y priorizaba proyectos punteros. Por otro, las prisas con las que hubo que diseñar las propuestas, alinear los intereses de los diferentes participantes, la abundante información administrativa que hubo que aportar...», recuerdan. «En Europa, proyectos de esta envergadura se desarrollan en 4 o 5 años y aquí, en solo dos. Todos asumimos que deberíamos complementar los proyectos con fondos de otras convocatorias, ya que las tesis doctorales requieren más tiempo que dos años, pero lo aceptamos convencidos de que la singularidad de la convocatoria compensaba estas «espinas», añaden.
La evaluación, «en la que participaron expertos internacionales», dejó en muy buen lugar a Euskadi, al hacerse con el 25% tanto del montante total como de número de proyectos elegidos, cuatro con un especialista vasco como Investigador Principal (IP) y un quinto con un especialista del territorio como participante.
Para marzo o abril de este año, al menos dos de los investigadores supieron «de forma extraoficial de fuentes del ministerio» que se habían hecho acreedores de esos 7,5 millones. «Se dijo incluso que se aprobó un documento provisional aunque no llegamos a verlo», destacan. La carta, sin embargo, asegura en este punto que «no ha existido en ningún momento propuesta de resolución provisional ni definitiva, por lo que ningún solicitante ha llegado a adquirir el carácter de beneficiario». Fue entonces cuando empezó un silencio administrativo que culminó el 30 de diciembre con la mencionada carta. La dana asoló Valencia el 29 de octubre, meses después de esta falta de comunicación.
«Me han perjudicado enormemente. Contaba con esta financiación para poder contratar estudiantes de doctorado. Ahora me quedo sin opciones para captar y retener el talento joven que tenemos en Euskadi. Porque haberlo, lo hay», explica uno de los implicados. «La Administración pública no puede hacer esto», remarca otro.
En la misma misiva, que califican de «vergonzosa», el ministerio anuncia «nuestro compromiso de elaborar una nueva convocatoria en 2025, que en esta ocasión será gestionada por la Agencia Estatal de Investigación y que responderá a los objetivos científicos que inspiraban la convocatoria inicial, con una dotación económica que incluirá fondos propios no ligados al PRTR -Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia- y un diseño que faciliten y aseguren su ejecución». «No tienen credibilidad», zanjan.
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