Podemos pide abrir una comisión de investigación por el «escándalo» en el transporte escolar
El PP se abre a apoyar la iniciativa pero serían necesarios los votos de EH Bildu y del PSE para que prosperase
Elkarrekin Podemos-IU ha solicitado este miércoles abrir una comisión de investigación en el Parlamento vasco para esclarecer el «escándalo» en el transporte escolar después ... de que EL CORREO desvelara que Educación contrató como asesor a un miembro del consejo de administración de una empresa adjudicataria.
El reglamento de la Cámara indica que la apertura de una comisión de investigación debe solicitarla el Pleno en su conjunto; la Mesa; el propio Gobierno; dos grupos parlamentarios; o la quinta parte de los parlamentarios (15). Como sólo Bildu y el PNV tienen al menos quince escaños, la única alternativa viable es que Podemos se alíe con otra formación. La portavoz morada, Miren Gorrotxategi, ha afirmado en una rueda de prensa que estarían dispuestos a hablar con el PP en este sentido. Fuentes de los populares han confirmado a este periódico que estarían abiertos a aliarse con la entente morada, aunque «vamos a hablar antes» de que se presente cualquier iniciativa.
El primer paso sería que la Mesa del Parlamento, donde PNV y PSE tienen mayoría, tramitase la solicitud. Después la propuesta debería aprobarse en Pleno. Para ello sería necesario que toda la oposición (Vox Cs, PP, Podemos y EH Bildu) votase a favor y que el PSE también la apoyase. Hasta ahora, la coalición abertzale ha afirmado que no hay que actuar con «ansiedad» o «ligereza». El PSE, por su parte, no se ha pronunciado en público sobre este asunto.
Tanto el PP como Podemos consideran que la contratación de Educación de un asesor con intereses en una empresa del sector para abordar el conflicto en el transporte escolar es un «escándalo mayúsculo». «El transporte escolar es un servicio esencial», ha manifestado Gorrotxategi, por lo que «debería ser prestado desde lo público». «Pero, mientras se concierte, estos procesos han de ser absolutamente transparente». A su juicio, el asesor del departamento, Joanes Labayen, marido de la presidenta del Parlamento vasco, estaba «contaminado» por ser miembro del consejo de administración de una empresa adjudicataria de contratos públicos, Autocares Urpa. Lo sucedido, ha añadido, es una muestra más de las «redes clientelares» que existen en Euskadi.
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