Las compañías de transporte escolar advierten al Gobierno vasco de que no garantizan el servicio el lunes

Las empresas advierten además de que los autocares no están garantizados para el lunes, a pesar de lo deslizado por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz. Aseguran que eso dependerá de una eventual resolución de los recursos y de que el Ejecutivo autonómico les detalle de forma más concreta cuáles son las condiciones del servicio.

Las compañías que han recurrido a la vía administrativa (aún no se ha interpuesto ninguna en el TSJPV) creen que sería «ilegal» sacar los autobuses en las condiciones actuales, porque carecen de «la información necesaria» sobre sus itinerarios y pasajeros para poder solicitar una autorización de transporte a las diputaciones.

Esos detalles, según aseguran sus representantes legales, deben ser proporcionados «cada año» por el Ejecutivo autonómico, y aseguran no haberlos recibido. Por tanto, subrayan que antes de que realicen cualquier movimiento, esperarán a una respuesta a sus recursos (el plazo máximo de resolución es de un mes) y a que se les dé la documentación necesaria para pedir la autorización territorial.

Al mismo tiempo, han mostrado su deseo de «dialogar» con el Gobierno vasco («ojalá», han manifestado), pero reprochan a Lakua que «no ha querido reunirse en todo el verano con el sector. Pero no ha sido el único reproche que han lanzado a Educación, al que han afeado la «falta de rigor» de la última orden emitida.

«Tras hacer un análisis muy rápido de su contenido, creemos que puede incurrir en abuso de poder», señalan los abogados, que añaden que «es irregular que en lugar de notificar individualmente a todas las empresas se publique en el Boletín (BOPV). Carece del menor soporte porque se mencionan normas que no son de aplicación en Euskadi y en este supuesto», al tiempo que aseguran «desconocer» en qué condiciones están prestando servicio las compañías que han sacado sus vehículos.

Las empresas sostienen que el conflicto va más allá de una «cuestión económica». Exponen motivos «logísticos», como la cantidad de autobuses operativos, la «escasez de conductores» y la necesidad de formalizar contratos con un margen de tiempo muy reducido tras la orden emitida por el Ejecutivo. Cabe recordar, en este sentido, que el inicio del pasado curso se produjo con un acuerdo sobre la bocina, con un incremento del 24,1% en el contrato.

Sin embargo, las compañías subrayan que en aquella ocasión el consejero se «comprometió a analizar con el sector las circunstancias que rodean a la prestación del servicio del transporte escolar, y esa circunstancia no se ha cumplido».

«La orden viene a decir que es responsabilidad de los operadores que no haya un contrato al inicio del curso. No es cierto. El Gobierno vasco pudo y debió licitar y dejó pasar la oportunidad. Hizo una especie de dejación y ha acabado atribuyendo a los operadores la responsabilidad de salir o no. Dar una orden 48 horas antes de empezar el curso impide que haya el más mínimo margen de maniobra para una empresa», insisten.

Siempre según su versión, afirman que solicitaron un encuentro con Bildarratz al inicio del verano, algo que no se produjo hasta finales de agosto. En esa ocasión, se celebró un «encuentro informativo», donde afirman que el Gobierno vasco «ya amenazó» con la posibilidad de la ejecución forzosa del contrato.

Por otra parte, los abogados centran su argumentación en que el servicio que prestan es «complementario, y no esencial». Para ello señalan que en casos de huelga, el transporte escolar no es una de las cuestiones que se garantizan.