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El Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco, ha puesto el foco en el cobro indebido de cantidades a las familias en los colegios concertados, una práctica que prohíbe el Gobierno vasco pero que sigue extendida en algunos centros. Mediante una resolución de noviembre de 2024, recomienda al Departamento de Educación del Gobierno vasco que adopte las medidas correctoras precisas cuando se detecten prácticas «contrarias al sistema de conciertos educativos» y «que cumpla de manera plena y efectiva con las funciones de supervisión, control y fiscalización, interviniendo en los casos detectados».
El Ararteko le pide actuar de forma inmediata en todos los colegios en los que se hayan constatado ya o puedan darse irregularidades y en concreto, en el del Padre Andrés Urdaneta de Loiu para «hacer efectiva la garantía de gratuidad en el servicio público vasco de Educación». Considera que ha incumplido la normativa sobre concertación pues exigió «de manera irregular a una familia el abono de una cuota en concepto de actividades y servicios» entre cuyos componentes se incluyeron actividades y servicios que son gratuitos o cuyo pago resulta voluntario».
El Ararteko recibió la denuncia en noviembre de 2023. El padre, que se había quejado antes al centro educativo y al servicio Zuzenean del Gobierno vasco, aseguró que le pedían el abono de unas cuotas en concepto de «actividades y servicios» que consideraba irregulares. El Ararteko envió al Departamento de Educación una solicitud de colaboración, que remitió de nuevo 12 de enero de 2024. El entonces consejero Jokin Bildarratz le respondió el 16 de enero adjuntando un informe de la jefa Territorial de Inspección Educativa de Bizkaia, que constató que Urdaneta cobraba algunos conceptos de forma indebida.
El informe concluyó que la impartición de «Pastoral y valores» no debía girarse porque formaba parte de la actividad formativa y que el pago al personal no docente y del mantenimiento tampoco porque quedaban cubiertos por la aportación económica del Gobierno vasco. Aseguró también que el abono a la AMPA era voluntario. En el texto se recordaba que la concertada debe impartir gratuitamente las enseñanzas y que los servicios complementarios son susceptibles de ser cobrados, pero que son voluntarios. Y el pago de las actividades complementarias, ahondaba, debe ser autorizado por el Gobierno vasco.
El Ararteko solicitó información al Departamento de Educación para comprobar las medidas correctoras tomadas el 29 de enero, el 1 de marzo y 6 de mayo de 2024, peor no recibió respuesta hasta el 13 de junio. Se le informó entonces de que se había iniciado una revisión de todos los centros concertados para garantizar la gratuidad de la enseñanza y que quedase erradicada «toda práctica abierta o encubierta de cobro de cuotas» y de que el proceso arrancó con la recogida de datos en los cursos 2021-2022 y 2022-2023. Pero el Departamento no dio cuenta de ninguna actuación para corregir la práctica irregular constatada por la propia inspección educativa en Urdaneta.
Por eso, el Ararteko reconoce en el texto «el esfuerzo que está realizando Educación en el control de los centros concertados y de los recursos que se destinan a ellos», pero le urgió a tomar medidas cuando se detecten casos concretos.
Insistió en que «para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, uno de los principios o fines básicos a los que se someten los centros concertados es a la gratuidad de la educación básica obligatoria» y que entre las funciones de control de la Administración para garantizar la igualdad de oportunidades está, precisamente, la de «autorizar cualquier cuota o aportación que el centro pretenda percibir por actividades complementarias o de servicios».
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