PNV, Bildu y PSE amplían su acuerdo sobre la escuela concertada frente a la «desconfianza» de Podemos
Pactan que la renovación de los conciertos para los próximos seis años se adapte al contenido del texto que las tres formaciones apoyan como guion para la futura ley
El entendimiento que PNV, EH Bildu y PSE-EE han tejido en materia educativa sigue avanzando. Sólo 48 horas después de mostrar su visto bueno ... al primer borrador del pacto, las tres principales formaciones han ahondado en el entendimiento al suscribir un nuevo acuerdo sobre la red concertada. En concreto, han firmado una enmienda transaccional en la que fijan que la inminente renovación de los conciertos con esos centros, en los que estudia el 48% del alumnado, deberá adecuarse al contenido del acuerdo que el Parlamento vasco aprobará en las próximas semanas. Ese texto servirá de guion para la nueva ley que el Gabinete de Iñigo Urkullu busca implantar el año que viene.
En el primer pleno ordinario del año, la Cámara autonómica ha debatido una propuesta de Elkarrekin Podemos-IU, que pedía limitar la renovación de los conciertos a un máximo de dos cursos para «no hipotecar» el diseño del pacto. En cambio, lo que finalmente se ha aprobado, con la abstención de la coalición morada, es que la prórroga sea como siempre de seis años, aunque con algunas condiciones conectadas directamente con el espíritu del pacto educativo. Los centros afectados, dice la enmienda ratificada, deberán «asumir de manera equitativa las necesidades derivadas de los retos que plantea el alumnado vulnerable, la diversidad y cohesión social».
El debate y su consiguiente votación han escenificado cuál es el margen para aprobar un amplio acuerdo político sobre educación. PNV, EH Bildu y PSE-EE están dentro, mientras que PP+Cs y Vox se muestran cada vez más lejos. En medio, Elkarrekin Podemos-IU, que sin descartar ninguna opción tampoco oculta su «desconfianza». La coalición de izquierdas mantiene sus críticas al primer borrador del pacto, que bajo su punto de vista no da prioridad a la red pública. Las formaciones reflejadas en ese entendimiento, por su parte, tratan de convencer a los seis parlamentarios morados para suscribir un gran consenso que cubra el 90% del Parlamento vasco.
La abstención de la entente de Podemos y Ezker Anitza abre una tímida puerta al acuerdo, pero su parlamentario Iñigo Martínez ha censurado que se renueven los conciertos en pleno debate. «Nadie nos ha argumentado qué sentido tiene aprobar ahora un decreto que es columna vertebral de la futura ley», ha planteado. Por el PNV, Leixuri Arrizabalaga ha argumentado que, con la normativa en la mano, no se puede cambiar el margen temporal. «Legalmente no es posible. ¿Vamos a dejar que los conciertos se extingan a final del curso? ¿Que estos centros se queden sin salida y darles el persianazo?», se ha preguntado la representante jeltzale.
Esperanza para ampliar el acuerdo
Tanto EH Bildu como PSE-EE han querido dejar clara su apuesta por la red pública y han dejado caer su disconformidad con el peso que tiene la enseñanza concertada en Euskadi, con casi la mitad del alumnado matriculado. La coalición abertzale incluso ha apoyado la propuesta original de Elkarrekin Podemos-IU tras proclamar Ikoitz Arrese que su grupo no comparte «la concertación universal ni dar un cheque en blanco» a estos centros de titularidad privada. Sin embargo, tanto los soberanistas como los socialistas han asumido la realidad del mapa escolar y la normativa actual para dar su aval a la renovación de los conciertos, eso sí, con las condiciones materializadas en la enmienda.
Pese al desacuerdo final, los tres impulsores del pacto educativo no dan por perdida la posibilidad de que Podemos se acabe sumando. «Estamos a las puertas de logran un gran acuerdo de país y espero que podamos estar las principales cuatro formaciones de este Parlamento», ha afirmado Arrese. Por su parte, PP+Cs y Vox han vuelto a marcar distancias. Por los primeros, José Manuel Gil ha defendido que la renovación de los conciertos no debe verse condicionada por la futura ley, que debería ser «de mínimos» y no «restrictiva». Y por la formación de extrema derecha, Amaia Martínez ha denunciado que los requisitos «pasan por ceder a los dictados nacionalistas».
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