Cuatro consejeros no vieron indicios del fraude durante doce años en los comedores escolares

Tres exconsejeros de Educación declararon ayer en la comisión del Parlamento vasco que investiga el fraude en la adjudicación del servicio de comedores escolares y si hubo responsabilidades políticas. En una inédita comparecencia, Anjeles Iztueta, Tontxu Campos e Isabel Celaá coincidieron en que «jamás» tuvieron sospechas ni vieron «indicios» de que había un pacto entre empresas para repartirse el mercado y encarecer el servicio. Al igual que la actual titular de Educación, Cristina Uriarte, -que también dio ayer explicaciones a la comisión-, defendieron que su gestión se ajustó «a la legalidad» en el período entre 2003 y 2015, la etapa en la que la Autoridad Vasca de la Competencia dictaminó que hubo acuerdo entre siete firmas de catering. Las empresas fueron sancionadas con una multa histórica de 18 millones de euros, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó hasta 7,4 millones al considerar que hubo «inacción» por parte del Ejecutivo vasco.

La exconsejera de Educación Anjeles Iztueta, que desempeñó el cargo entre 2001y 2005, afirmó que durante el tiempo que estuvo al frente del Departamento «se respetaron todas las normas de contratación en la adjudicación de los comedores escolares». «El volumen era una décima parte» que en la actualidad. Detalló que en 2003 solo se gestionaba de manera directa el servicio para un millar de alumnos de las denominadas «escuelas de concentración», las ubicadas en zonas rurales. Además, «autorizábamos comedores en otros centros que gestionaban los padres y pagaban las familias», explicó. Todas las contrataciones, aseguró, pasaban por la comisión central de contratación vinculada a Hacienda, y otra dependiente de Vicepresidencia. «Actuamos de forma honrada, conforme a lo que nos exigía la regulación» de entonces. «Tenemos la conciencia tranquila», dijo Iztueta. Recordó que en su etapa no existía la Autoridad Vasca de la Competencia y aún se estaba desarrollando la normativa sobre contrataciones. «Era otro tiempo», dijo.

Tontxu Campos, que sucedió a Iztueta en el cargo entre 2005 y 2009, negó «responsabilidades políticas» por el fraude en el servicio de comedores y resaltó que durante su mandato «nunca» recibieron «indicios» de actuación irregular. «A lo largo de la legislatura no hubo sospecha alguna» de reparto del mercado «ni por parte de los tribunales, ni el Ararteko, ni el Parlamento», y ni siquiera «de la empresa» que reclamó por no adjudicarle un contrato -y dio pie a destapar el caso-. Calificó de «exceso» que haya quien quiera exigir esas responsabilidades y recalcó que su Departamento siempre actuó «de buena voluntad».

Admitió, en todo caso, que «si hubiéramos sabido entonces lo que conocemos ahora» podrían haber «analizado la relación entre las empresas y los precios». Campos dijo que estaba convencido de que con el sistema de adjudicación por lotes del servicio y la decisión de establecer precios máximos de los menús «promovíamos la competencia» entre empresas. Quiso dejar claro que su prioridad fue «la calidad y cantidad de los menús», el ratio de cuidadores, que «no se suspendiera nunca» el servicio y llegara la comida en buenas condiciones. El exconsejero de EA consideró que el fraude «no ha ocasionado perjuicio económico para las familias», ya que al precio de comedor que pagaban solo se le incrementaba el IPC, «no se les trasladaba el coste del servicio».

La ministra de Educación y consejera vasca entre 2009 y 2012, Isabel Celaá, aseguró que actuó «siguiendo la legalidad» y que «nadie, ni el Gobierno, ni la oposición, ni la opinión pública» durante su etapa «puso encima de la mesa o intuyó la existencia de un pacto entre empresas» en la adjudicación del servicio de comedores escolares. Admitió que «hoy en día sabemos cosas que no sabíamos antes y ahora existe una Autoridad Vasca de la Competencia con personal especializado», a los que «incluso ha resultado muy difícil» descubrir los acuerdos para encarecer los precios de los menús. La exconsejera cuestionó, además, que se analice «con sesgo retrospectivo» la actuación pública de entonces sin los datos que se manejan hoy. «No podemos juzgar el pasado con información del presente», insistió. Sostuvo que en la actualidad existe una mayor «sensibilidad» respecto a cuestiones como la contratación pública y libertad de competencia «de la que se tenía hace unos años».

La ministra rechazó que su Departamento pecara de «inacción o pasividad» en este caso, «ni que exista connivencia alguna» entre la Administración y las firmas sancionadas. «No era posible excluir a ninguna empresa sin motivo, hubiera sido ilegal e incluso prevaricación». Celaá resaltó que la prioridad de su equipo fue «garantizar el valor nutricional de los menús escolares, la seguridad alimentaria, mejorar la organización, equilibrar la relación entre precio y calidad» y «garantizar» que se sirvieran todas las comidas a diario a 90.000 alumnos. Valoró el servicio en su etapa como «muy bueno» y recordó que «nunca se produjo incidencia alguna con los menús». También aseguró que no se ha acreditado que haya habido «impacto económico negativo» para las familias de alumnos.

Cristina Uriarte, consejera desde 2012 hasta la actualidad, aseguró que su Departamento «ha cumplido» siempre los principios legales y normas de la contratación pública. Ayer recordó el volumen actual de servicio: 93.000 menús diarios en 500 centros, y defendió «la vigilancia» que se realiza mediante auditorías. Detalló que los comedores de colegios públicos fueron sometidos a 508 auditorias presenciales el año pasado, unos controles sin previo aviso con los que se «pretende garantizar» la calidad. La consejera señaló que se han ido introduciendo mejoras en el sistema y que en el último cambio, en 2013, se «vio la oportunidad» de «ser más exigentes, y de mejorar la calidad e higiene» y se avanzó hacia nuevos pliegos. Los últimos, de 2015, son «más restringidos», con dos fases» para las empresas, a las que solo se les puede adjudicar la capacidad máxima de servicio demostrada. Detalló que cuentan con el asesoramiento también de la Autoridad Vasca de la Competencia. «Nosotros escuchamos y estamos dispuestos a mejorar el servicio porque es fundamental para el sistema educativo», afirmó.