Las caras de la violencia machista

Al otro lado del 016, del 112, de su familia, de sus amigos... estaba la vida que les ha sido arrancada este año a las mujeres que miran desde estas páginas. Laura, Celia, Leyre, Sacramento fue la última, hace diez días... estaban atravesadas por el machismo. Sus maridos y novios no les respetaron como personas ni les trataron como iguales. Dirigían su existencia. El día a día en casa, tremendo. Les hicieron creer que en una relación afectiva el uso de la fuerza contra ellas estaba justificado. ¿Era un asunto personal que no debía trascender de puertas para fuera? Algunas lo vieron así y por miedo, vergüenza, presiones familiares, desconfianza en el sistema judicial, deterioro psíquico por el maltrato o por no perjudicar a quien decía que las amaba no le denunciaron o se negaron una y otra vez a hacerlo. Ni siquiera cuando él se resistió a perder el control sobre ellas. Persiguiéndolas, vigilándolas, llamándolas constantemente y vigilando sus redes sociales, molestando a familiares y amigos, amenazándolas con suicidarse. Y cuando su corazón se volvió insensible al desprecio, con hacer daño a los hijos, que lo eran todo para ellas.

El problema que mató a estas mujeres tiene desde hace tiempo una categoría propia, la violencia machista o de género (VG). No porque no existan casos de una mujer hacia un hombre, sino porque la cantidad de procesos de este tipo que derivan en muerte de mujeres es muchísimo, pero muchísimo mayor. Es una estrategia de relación asimilada por algunos varones desde niños y que consiste en ver a la mujer como una propiedad que pueden manejar a su antojo porque, como hombres que son, se creen con este derecho. La VG tiene tantas caras... Golpes, insultos, celos patológicos, control del dinero, tocamientos, abuso sexual, violación... Y también el machismo sutil que se observa en frases, ideas y estereotipos que no dejan en buen lugar a las mujeres pero que en ciertos contextos se pasan por alto.

Cada víctima merece su propio homenaje, aunque hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se las recuerda a todas. A las que matan, y a las que vejan y humillan. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha registrado un año más las agresiones mortales llevadas a cabo por parejas o exparejas. Según este balance, desde enero y hasta ayer han perdido la vida en España 45 mujeres, 47 si se incluyen los crueles casos de violencia de género de una menor asesinada por un vecino y de Diana Quer, que mantuvo en vilo a todo el país. Murió a manos de un extraño y el crimen pudo certificarse en enero al descubrirse el cuerpo. Ocho niños han perdido también la vida por esta lacra. La última víctima, en Palma, tuvo lugar el pasado día 16. Sin embargo, la magnitud del problema es aún mayor: a los datos oficiales hay que añadir los feminicidios familiares, por prostitución o por el crimen organizado que observatorios sociales y asociaciones feministas recogen cada semana. 30 de las víctimas que engrosan el balance oficial no habían denunciado nunca –el peor dato de la última década– y un tercio no recibió la protección que había solicitado.

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, con una sinceridad y una autocrítica inusuales, reconoció en septiembre deficiencias en la valoración del riesgo de la situación de una mujer senegalesa degollada el día 25 por su marido en Bilbao. Se llamaba Maguette Mbeugou. Había pedido dos veces una orden de alejamiento y se la habían denegado porque no vivía con el agresor ni en él se apreció «agresividad». Ibarra lamentó no haber podido «cumplir con la función de tutela» que le corresponde a la Justicia.

Casos como el de 'La Manada' –los cinco sevillanos condenados por «abuso sexual continuado» a una joven durante las fiestas de San Fermín– y el movimiento #MeToo, con el que miles de mujeres contaron durante meses en las redes sociales los abusos que habían sufrido, han ayudado este año a poner el foco en este asunto. «Nos están matando», es el clamor de auxilio que se grita a los cuatro vientos en las manifestaciones de mujeres. Es cada vez más una preocupación social y una prioridad que ha llevado a firmar un Pacto de Estado. Pero la burocracia es lenta. Aún se discute si un maltratador es un mal padre y en España son 840.000 los niños que viven en hogares donde pegan a sus madres. «Se maltrata a 55 mujeres cada hora y una mujer es violada cada ocho», recuerda Pilar Llop, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y jueza especialista en esta materia. Los tribunales vascos han recibido 1.452 denuncias de este tipo en el último trimestre, ocho por día. Para ponerse a temblar.

María José Bejarano Jiménez, 43 años, que trabajaba como profesora de cocina, estaba en casa ese día junto a Florentina, su madre, de 69. Llevaba meses separada de su marido. Era viernes, el pasado 20 de abril, en el número 6 de la calle Julián Arrese, en el barrio de Lakua-Arriaga. Era temprano por la mañana, aunque los dos hijos de María José, de nueve y once años, se encontraban ya en el colegio. Irrumpe en la casa Javier R., su expareja, 46 años.

Ocurrió en el pasillo de casa, llevaba un cuchillo en la mano y fue a por las dos. Primero a por su exmujer –su cuerpo se encontró en la planta baja del edificio, dentro del ascensor– y a su suegra la alcanzó en el descansillo de la séptima planta. Florentina apenas tuvo tiempo a bajar un piso y pedir auxilio: «¡Vete, vete, es un asesino!», «¡socorro, salvadme!». Se resistió, como hizo su hija, y no murió en el acto, aunque sí horas después en el hospital de Txagorritxu. A continuación, el hombre volvió a entrar en la casa, donde se atrincheró antes de prender fuego a la vivienda con el propósito, parece ser, de destruir el escenario del crimen. Cuando se vio acorralado por las llamas, saltó por la ventana. Los bomberos estaban ya en la calle y habían extendido una colchoneta en el lugar en el que Javier R. iba a caer. No sufrió daños físicos. Una vez detenido, fue evaluado por un psiquiatra en el hospital y recibió el alta médica al día siguiente.

En la Ertzaintza no constaba ninguna denuncia por violencia machista o ninguna sentencia en relación al presunto asesino de las dos mujeres. El suceso conmocionó a la capital vasca y tuvo eco nacional. La caída de Javier R. desde el octavo piso, del que pretendía escapar tras iniciarse el incendio, asaltó las portadas de los informativos. En Vitoria y en la localidad extremeña de Deleitosa, de donde eran originarios Florentina Jiménez y su marido Juan Pedro Domínguez, hubo concentraciones de repulsa y minutos de silencio por este doble crimen. La asociación Clara Campoamor se personará como acusación particular en el proceso que juzgue estos asesinatos.

«Cuando una mujer africana, con todo el peso cultural que conlleva, se atreve a denunciar hay que tomarlo en cuenta», señaló el pasado mes de septiembre Marie Lucia Monsheneke, representante del Movimiento Panafricano de Bilbao, al término de la concentración silenciosa que tuvo lugar en los alrededores del Ayuntamiento de Bilbao para condenar el crimen de Maguette Mbeugou, de origen senegalés. Ella había alertado hasta en dos ocasiones el maltrato que sufría. A la Policía Municipal primero, nueve meses antes de morir, y a su médica de cabecera, quien inició el protocolo para protegerla. Su agresor, de 38 años y padre de sus dos hijas, fue absuelto esa primera vez. Ella, de 25 años y madre de dos niñas de dos y cuatro años, buscaba desesperadamente protección. «Nos pidió ayuda. Ya estaba todo en curso, pero no hemos logrado protegerla. No hemos sido eficaces. No puedo olvidar la última consulta», lamentaba días después su doctora.

Su marido la degolló delante de las dos hijas de ambos en el domicilio que ocupaban desde hace más de un año, un quinto piso alquilado en el número 25 de la calle Ollerías Altas. La víctima llevaba más de 24 horas muerta, según los indicios recogidos en el levantamiento del cadáver. Durante todo este tiempo las dos niñas permanecieron junto a su madre fallecida. Fue una vecina la que encontró el cuerpo sin vida de Maguette. Las pequeñas no habían probado bocado alguno y, extenuadas y a lágrima viva, se atrevieron a salir al descansillo de la vivienda. La mujer entró en el piso y descubrió la tragedia. Horas después la Policía localizaba al marido en el piso de un amigo en Mutriku, Gipuzkoa. Al ver a los agentes el hombre trató de darse a la fuga.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, llegó a pedir perdón a los familiares de Maguette Mbeugou y a la sociedad en general por la deficiente valoración del riesgo que hicieron los diferentes servicios que concurren en el juzgado y que, al fin y al cabo, desembocaron en esta tragedia. «Maguette Mbeugou había solicitado la tutela de la justicia y no la obtuvo», lamentó. «No es tanto un fracaso de los jueces como de la Justicia con mayúsculas», reconoció. Fue precisamente una jueza de violencia de género de Bilbao quien, tras escuchar el relato de la mujer, había desestimado la orden de alejamiento solicitada por Mbeugou, al entender que no cumplía el perfil de riesgo. Alegó que los cónyuges residían en domicilios diferentes, que la mujer había manifestado su intención de no volver al domicilio familiar y que, como ambos pretendían divorciarse, ella iba a buscar otro lugar donde vivir con las niñas. Una circunstancia que critican quienes combaten la violencia de género, que siempre sea la mujer la que se vea obligada a desarraigarse mientras el agresor continúa en su entorno habitual.