Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza

Pese a la crisis residencial que atraviesa Euskadi, con precios desorbitados, poca oferta asequible y más de 100.000 vascos a la espera de un piso de promoción pública, fuentes del Departamento de Vivienda confirman a este periódico que casi la mitad de las personas (44%) que decidieron no aceptar una VPO el ejercicio pasado alegaron que el domicilio incumplía sus exigencias. Bien por el tamaño de la vivienda otorgada -por ejemplo, que el domicilio fuese más pequeño de lo que necesita una familia con hijos- o porque el piso estuviera ubicado en un municipio o barrio distinto al suyo. Los demandantes no pueden exigir que el Gobierno les otorgue un domicilio en su propio vecindario y, además, el Servicio Vasco de Vivienda permite a un solicitante inscribirse hasta en tres municipios distintos para optar a un mayor número de promociones. Pero esta flexibilidad tiene como consecuencia que a un demandante le pueda tocar una VPO en una localidad distinta a la suya, lo que podría generarle un inconveniente por motivos laborales o porque el piso en cuestión esté demasiado lejos del centro educativo o sanitario del interesado.

En cualquier caso, no es la única razón. Además de las 147 renuncias contabilizadas justificando que el piso no respondía a los requisitos del demandante, otras 72 personas (21%) decidieron no aceptar la VPO por tener concedida la prestación económica de vivienda, una ayuda mensual que proporciona el Gobierno vasco a las familias más desfavorecidas para apoyarlas en el pago del alquiler. Este porcentaje de beneficiarios, inscritos en Etxebide, entiende que su «necesidad de vivienda está cubierta» con la subvención que recibe por parte de la Administración y que por lo tanto, no necesita mudarse a una VPO. En este caso no son penalizados.

También hay quienes directamente no responden a la notificación que envía el Departamento para comunicarles que han sido beneficiados con un alquiler protegido. Y no son pocos. Portavoces del área que dirige l consejero Denis Itxaso sostienen que un 28% de las renuncias (94 personas) fueron motivadas por la falta de respuesta por parte del agraciado. El resto de los rechazos son por otro tipo de motivos, que el Gobierno vasco no ha especificado.

Esto no quiere decir que las VPO se vayan a quedar sin inquilino. Una vez que el primer beneficiario dice que no quiere el piso, el proceso de adjudicación continúa con el siguiente beneficiario. Y así hasta que la vivienda se ocupa. Eso sí, como ya se ha mencionado, renunciar a una VPO tiene sus consecuencias. Por lo general, el solicitante queda excluido de las listas de Etxebide y solo en algunos supuestos no se le dará de baja en el servicio, como que «la vivienda adjudicada a dos personas que no formen pareja tenga un único dormitorio».

Además de las renuncias, el informe también recoge la cantidad de pisos que fueron adjudicados de forma directa a colectivos vulnerables. En total, fueron 134, de los que 81 están ubicados en Bizkaia. De ellos, 59 se otorgaron a personas que habían sido desahuciadas, 72 a mujeres víctimas de violencia de género y el resto a ciudadanos que habían sufrido una ejecución hipotecaria o eran víctimas del terrorismo.