La cárcel de Álava albergará el primer módulo especial en Euskadi para presos conflictivos

Según ha sabido EL CORREO, el Departamento de Justicia, dirigido por la socialista María Jesús San José, ha arrancado los procesos de contratación de los funcionarios encargados de controlar este módulo. Habrá por tanto nuevos vigilantes, pero también más educadores, psicólogos y técnicos.

El propósito de Justicia pasa por poner en marcha este primer grado «a corto plazo». Fuentes internas hablan de «primeros del próximo año» como el periodo más factible, dado que los procesos de contratación en la administración pública «llevan su tiempo». En cuanto a las infraestructuras, el módulo 14, donde se congregará a esos presos conflictivos, ya se encuentra prácticamente a punto para entrar en funcionamiento. Miembros de la Brigada Móvil y de Berrozi, unidades de intervención de la Ertzaintza, han completado ejercicios de prueba en este bloque para contar con un protocolo en el improbable caso de motín.

El primer grado o régimen cerrado se reserva a aquellos reos «con un comportamiento incompatible con la convivencia». Se refiere a la conducta dentro de prisión, al margen del ilícito que les condujo a la privación de libertad. Un condenado por delitos de sangre puede trazar un paso modélico encerrado y otro con una pena mínima, generar choques casi a diario. No obstante, «se aplicará de manera excepcional y por el tiempo mínimamente indispensable», explica el director de Justicia, Chema Bastos. Entre las limitaciones se les apartará de las actividades en común y aplicará «actividades dirigidas a recuperar el autocontrol».

El primer grado nada tiene que ver con el aislamiento, reservado a acciones puntuales, y que no puede ampliarse más de 14 días. Un candidato posible sería el interno que realizó un 'mataleón' (asfixiar por la espalda) a un funcionario hace unas semanas.

Con una población reclusa en máximos -1.671 personas en septiembre-, las estimaciones de Justicia no elevan más allá de quince el número de internos que caerían al régimen más restrictivo. De cumplirse estas previsiones, ni siquiera alcanzarían el 1% del total. Eso sí, aparte de los suyos, Zaballa acogerá a los reos conflictivos de Basauri y Martutene porque ambas cárceles quedarán fuera de esta reestructuración. Y en principio, también se mantendrá al margen el futuro penal de Zubieta.

Hasta la fecha, cuando un recluso de algún centro penitenciario vasco rebasaba los límites de convivencia era derivado a una cárcel en otra comunidad autónoma. La más habitual es Dueñas, en Palencia, levantada a 200 kilómetros exactos de Zaballa. «Esos traslados suelen hacerse los viernes», deslizan funcionarios penitenciarios.

A día de hoy, sólo hay nueve presos que irían al módulo 14. En este punto, Bastos aclara que «no van a venir al País Vasco internos» conflictivos sin vinculación con esta comunidad autónoma. La única excepción serán aquellos con alguna causa penal y lo harán sólo para acudir a esos procesos judiciales.

Sin embargo, el Gobierno vasco apuesta desde la pasada legislatura por la reinserción, por el tercer grado o régimen abierto. Un total de 473 personas disfrutan esta calificación, que les permite realizar actividades -laborales o sociales- en el exterior del centro penitenciario. Unos regresan a su celda cada atardecer. Otros duermen en sus casas con una pulsera telemática enganchada a su tobillo.