Las comunidades energéticas, parte de la solución de la descarbonización
Es urgente que el Gobierno active mecanismos regulatorios y de ayudas más sencillos para asegurar que las comunidades energéticas, el almacenamiento y la participación de los pequeños consumidores en los mercados sean una realidad
Iñigo Cobelo
Jueves, 11 de noviembre 2021, 00:06
La generación distribuida, las comunidades energéticas, el impulso al almacenamiento y la agregación de la demanda son una parte de la solución de la descarbonización, ya que permiten generar energía localmente de manera renovable y económica. Además, ofrecen flexibilidad descarbonizada en un sistema eléctrico cada vez más difícil de operar. Un sistema eléctrico que progresivamente va a ir sustituyendo centrales basadas en combustibles fósiles por plantas eólicas y solares, más impredecibles y condicionadas por el viento y el sol. Y, sobre todo, empoderan al ciudadano y le hacen partícipe de la solución y de la materialización de los compromisos de descarbonización en el mundo.
Las Directivas Europeas son claras en sus requerimientos, pero su obligatoria transposición se va produciendo lentamente, y aun más lentamente se convertirán en inversiones e iniciativas concretas, dadas las barreras y especificidades del mercado español. Es urgente que el Gobierno active mecanismos regulatorios y de ayudas más sencillos para asegurar que las comunidades energéticas, el almacenamiento y la participación de los pequeños consumidores en los mercados sean una realidad y, por lo tanto, sustenten los compromisos de los que tanto vamos a oír hablar.
El calentamiento del planeta es un problema global que debe abordarse de manera global. Los últimos estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) recomiendan establecer límites más restrictivos y pasar de 2 a 1,5 grados la subida máxima admisible de la temperatura desde la época preindustrial.
Realizar la transición hacia una economía descarbonizada en 2050 es un reto enorme que debe sustentarse en las capacidades tecnológicas e industriales del país. Hay que ser consciente de que, a día de hoy, ni la electricidad ni la tecnología existente permiten descarbonizar de manera económica muchos de los procesos y actividades que realizamos, por lo que la solución tiene que estar basada en una combinación de vectores energéticos y tecnologías. Es absolutamente necesario apostar por el desarrollo tecnológico y por políticas que lo sustenten. Pero las dificultades son muchas, incluso para que se adopten y generalicen soluciones tecnoeconómicamente maduras.
Un ejemplo claro lo encontramos en las limitaciones de la normativa de 2019 ligada al autoconsumo compartido, que es la base para muchas de las iniciativas de comunidades energéticas solares que están surgiendo en los últimos meses. Los procedimientos administrativos son lentos y opacos, y se imponen condicionantes técnicos poco justificados que limitan la distancia de los vecinos a las instalaciones de producción, el tamaño de estas o el reparto de energía entre vecinos y comercios.
En el sector eléctrico los detalles de la regulación, su claridad y su sencillez son absolutamente fundamentales para garantizar el desarrollo de nuevas figuras disruptivas como las comunidades energéticas, que deben convivir y competir con los agentes y las estructuras que operan en el sector desde hace décadas. Esto es aún más relevante cuando hablamos de figuras que requieren de la participación de ciudadanos y pequeñas empresas, que son los que realmente van a hacer posible la transición que tenemos por delante.
