Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Los rubros exportados desde la isla caribeña son carbón, tabaco y caña, y el destino «fundamentalmente se hace a países europeos como, por este orden, España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía», indica el 'Primer informe integral sobre el trabajo forzoso en las prisiones de Cuba', fechado en septiembre de 2025. La actividad se realiza «bajo las más inhumanas condiciones de esclavitud, y la producción obtenida de tales labores es destinada en su totalidad a la exportación».

Hay 60.000 «personas privadas de libertad bajo trabajo correccional», una forma «contemporánea de esclavitud», según define Naciones Unidas, que investiga tales prácticas. Los presos tienen una «carga laboral de 63 horas semanales, repartidas en jornadas de seis a siete días por semana y una media de diez horas de trabajo diarias, siempre según los denunciantes, que hicieron un trabajo de campo entre abril y agosto de este año. Los que logran cobrar devengan menos de 50 centavos de euro por tonelada de carbón producida, indica el estudio.

El documento reproduce algunas frases de los reos, cuyos datos son anónimos aunque los denunciantes sostienen que sus testimonios han sido verificados por organizaciones independientes. «Me obligaron a cargar sacos de carbón con lesiones en el hombro. Cuando protesté, me quitaron las visitas familiares durante un mes», «Nos tenemos que hacer nosotros las cabañas improvisadas y sólo nos permiten dormir sobre balas de paja. No están permitidos los colchones … Sólo podemos beber el agua sucia», «Como consecuencia del trabajo forzoso sin atención médica, se me provocó una sepsis por bacterias en manos y cuerpo» o «Por negarme a trabajar me quitaron las visitas conyugales». Debido a las condiciones de trabajo, padecen tensión arterial alta, pérdida de dientes, tuberculosis, hipotiroidismo, estrés post traumático, caída del cabello, pérdida de sueño o ansiedad, entre otros trastornos.

En el caso del carbón, que en el mercado español se vende en bolsas de tres y quince kilos con el sello «marabú» a precios que van entre dos y cuatro euros el kilo, «los presos hacen miles de toneladas anualmente». Casi la totalidad de estos «esclavos» (90%) tienen una sentencia alta de privación de libertad y «se van a someter a lo que sea», según uno de los declarantes. En el documento de 43 páginas se asegura que en 2023 las exportaciones de este producto sumaron 61,8 millones de dólares, haciendo de Cuba el «noveno mayor exportador de carbón vegetal del mundo». Su principal mercado es España, que tiene un «crecimiento de 5 millones de dólares anuales», indica la investigación.

El reporte también señala a «algunos de los comercializadores de carbón vegetal de marabú en España», algunas con distintivo «ecológico», empresas ubicadas en Toledo, Gipuzkoa, La Coruña, Valencia, Madrid o Cataluña. «En las prisiones y granjas de trabajo forzoso para la producción de carbón vegetal, los reclusos incluso dormían a la intemperie, sin cobijo ni condiciones mínimas de resguardo. Esta exposición prolongada constituye una forma de trato inhumano, especialmente cuando se impone en combinación con jornadas excesivas, falta de descanso, desnutrición y enfermedades preexistentes», mantiene el informe, basado en «cientos de entrevistas» y más de cincuenta testimonios directos de presos.

En el caso de las mujeres, «las entrevistadas fueron obligadas a realizar trabajos físicamente extenuantes, no adaptados a su condición física ni a criterios de razonabilidad de las condiciones físicas, como el manejo de cargas pesadas, recolección de residuos o labores agrícolas sin herramientas adecuadas. Siete de las ocho mujeres (87,5%) describieron haber sido forzadas a realizar tareas consideradas degradantes -como la remoción manual y sin guantes de excrementos-, lo cual constituye una forma de violencia institucional adicional», aseguran los firmantes del documento.

«En cuanto a la violencia sexual, tres mujeres (37,5%) manifestaron haber sido víctimas de acoso por parte de otros reos, mientras que dos (el 25% de ellas) denunció acoso sexual por parte de funcionarios del penal. Una de las mujeres (Y. M.) describió haber sido víctima de una violación sexual en la prisión, sin que se investigaran los hechos ni se ofreciera atención médica o psicológica. La ausencia de protección efectiva frente al acoso o la violencia sexual configura una forma agravada de negligencia estatal, contraria al deber de custodia sobre las mujeres privadas de libertad».