1980, el más cruel de los 'años de plomo'

Estos datos son solo una pequeña muestra del análisis detallado que un equipo multidisciplinar de quince autores, coordinados por el historiador Gaizka Fernández Soldevilla y la periodista María Jiménez, ha llevado a cabo sobre el más cruel de los 'años de plomo'. El libro '1980. El terrorismo contra la Transición' (Ed. Tecnos) repasa en sus más de 500 páginas los atentados, los perpetradores, las víctimas, la respuesta del Estado, de la sociedad e incluso de la Prensa, así como el contexto internacional de una de las épocas más aciagas de nuestra historia.

El proceso de democratización arrancó en el momento de mayor auge del terrorismo. Grupos de distinto signo encontraron un «escenario propicio: crisis generalizada, una Unión de Centro Democrático (UCD) en descomposición, unas Fuerzas de Seguridad y un sistema judicial poco eficaces» en la lucha contra este tipo de violencia organizada, «cuando no lastrados por su pasado». En 1980 Madrid y Barcelona fueron escenario de diversos atentados, pero el epicentro del terror se localizó en Euskadi. Un centenar de personas fueron asesinadas en el País Vasco ese año, 52 heridas y 11 secuestradas. «Si se sumasen todas las víctimas del resto de comunidades autónomas y las del País Vasco francés, no alcanzarían ni a la mitad», dibujan los expertos.

Seis bandas actuaron en Euskadi, que podrían agruparse en dos espectros: ETA -con sus tres ramas, la militar, la político militar y los Comandos Autónomos Anticapitalistas- y, por otro, el terrorismo de ultraderecha y parapolicial (BVE, Triple A y GAE). La primera mató a 85 personas. Es más, casi una cuarta parte de las víctimas mortales de ETA en el País Vasco las causó solo en 1980. Por su parte, el BVE cometió cuatro asesinatos; la Triple A, otros cuatro, y el GAE, cinco. Gipuzkoa fue la provincia más castigada, con 53 fallecidos; seguida de Bizkaia (38) y de Álava (9). La primera víctima mortal de 1980 fue Jesús García García. Era el propietario de un bar de Barakaldo y fue tiroteado por ETA.

El cierre de la central nuclear de Lemóniz a base de bombas y asesinatos quedó interiorizada en el mundo de ETA como una gran victoria, hasta el punto de que -aunque a menor escala- trataría de repetir la misma estrategia terrorista con la autovía de Leizarán. Los ataques de la banda ascendieron a 246, la mayoría entre 1978 y 1982. Cinco trabajadores perdieron la vida como consecuencia de dichas acciones. En enero de 1981, ETA-m secuestró y mató al ingeniero José María Ryan y después, a Ángel Pascual, director del proyecto. Aquello supuso el final de Lemóniz. El coste económico se cifró en 5.343 millones de euros.

La noche del 1 al 2 de febrero de 1980 un grupo de extrema derecha asesinó en Madrid a Yolanda González, una joven de izquierdas de 19 años. Fue obra de Emilio Hellín e Ignacio Abad, miembros de Fuerza Nueva y pertenecientes al denominado 'Grupo 41', que reivindicaron el atentado en nombre del BVE. González fue secuestrada en su domicilio tras un atentado de ETA. El único motivo, un chivatazo, sin contrastar, que vinculaba a la joven con la banda. El crimen «testimonió la existencia de vínculos entre elementos de ultraderecha y algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Varios aspectos marcaron la acción frente a ETA en 1980: la legitimación de la banda terrorista por una parte de la sociedad vasca -representada por Herri Batasuna-, la posición «ambigua» de las fuerzas políticas de izquierdas y nacionalistas -PNV y PCE- y la 'doctrina del Santuario' del Gobierno francés. A eso se unía la falta de medios y formación de las Fuerzas de Seguridad para hacer frente al terrorismo. Desde el 5 de abril de 1977 hasta el 15 de septiembre de 1981 se suicidaron 26 guardias civiles por el 'síndrome del Norte'.

Fue en febrero de 1980 cuando empezó a definirse la acción antiterrorista -se priorizaron las labores de información, se permitió el uso de armas de fuego y se reestructuró el despliegue en Euskadi y Navarra-. A finales de dicho año, se aprobó la ley que supuso la base jurídica de la lucha antiterrorista. En 1980, el número de sumarios incoados en la Audiencia Nacional por este tipo de delitos fue de 295.

«Los funerales se sucedieron con tal frecuencia que muchas víctimas quedaron en el olvido». La mayoría de atentados no tuvieron respuesta social. Cabe destacar, tal y como se recoge en la obra '1980', una «tímida reacción ciudadana» en forma de carta contra «la violencia de todo género que ha echado raíces entre nosotros». La suscribieron una treintena de personalidades como José Miguel de Barandiaran, Julio Caro Baroja, Eduardo Chillida, Gabriel Celaya o Néstor Basterretxea. La respuesta a los atentados variaba en función del autor. El rechazo a los cometidos por grupos ultraderechistas nada tuvo que ver con la escasa oposición a los de ETA. La respuesta ciudadana se acrecentó a finales de 1980 por los intentos de los partidos de promover la movilización frente al terrorismo. Especialmente por parte del PCE y el PSE.