Casi una veintena de presos de ETA tiene flexibilizado el segundo grado

El Gobierno vasco está aplicando para esas flexibilizaciones un artículo del reglamento penitenciario, el 100.2, que permite que los reclusos salgan unas horas al día de la cárcel. «Es una especie de paso previo al tercer grado y se les da cuando no cumplen alguno de los requisitos necesarios para acceder a ese tercer grado», detallan fuentes de la AVT. La asociación censura que el 66% de los presos de ETA ya está en semilibertad y que sólo un 34% de los reclusos permanece en un régimen cerrado.

El análisis realizado por la asociación de víctimas constata que hay actualmente 133 presos vinculados a la banda, 125 de ellos en cárceles del País Vasco y otros 8 en Navarra. Desde el fin de la política de dispersión, en la primavera de 2023, no hay reclusos en otras cárceles españolas. Quedan al margen del estudio la media docena que cumple condena en prisiones francesas.

La mayoría de los reclusos de ETA ha logrado acceder a la semilibertad gracias a terceros grados. Covite, la principal asociación vasca de víctimas, lleva años sosteniendo que se trata de progresiones «fraudulentas» ya que, a su juicio, «no están arrepentidos». La veintena de progresiones aprobadas en este mandato «se suman a las casi 60 que concedió el PNV en tres años y a los recortes de penas por la convalidación de las condenas cumplidas en Francia», algo que desembocará, en opinión de Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación, «en que se van a vaciar las cárceles de presos de ETA en muy poco tiempo». La AVT también ha censurado recientemente estos terceros grados y los ha calificado de «indultos encubiertos».

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que llevaba casi un año sin recurrir progresiones, lo ha vuelto a hacer de forma puntual. La mayoría de los cambios de grado concedidos por el Departamento de la socialista María Jesús San José han obtenido luz verde, pero se han revocado los de Xabier Zabalo y Jesús Narváez Goñi.

Desde la llegada al cargo de San José, hace algo menos de un año, la consejera ha insistido en que aboga por impulsar los regímenes de semilibertad como un paso necesario para la futura reinserción. En paralelo, también pone el foco, desde sus primeras intervenciones, en el giro que pretende imprimir a la política penitenciaria, que incluye que los reclusos salgan «con arrepentimiento por el mal causado, con empatía hacia sus víctimas, con voluntad de reencontrarse con la sociedad». Esos requisitos, que en general se suelen considerar necesarios, chocan contra el marco legal y la propia asesora penitenciaria del área. Inés Soria ha explicado en varias ocasiones que «son deseables pero no son exigibles» con la ley en la mano para progresar de grado.

En paralelo, la consejera San José también ha dado su apoyo a que la ley de víctimas incluya un régimen sancionador contra quienes enarbolen símbolos y pancartas con imágenes de cualquier terrorista, tal y como ha propuesto el Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo. La razón no es otra que evitar «la doble victimización» que implica que los agresores sean «reivindicados como héroes» en el espacio público. La idea que está sobre la mesa es aprobar en el Parlamento vasco una modificación de la ley, tramitada del modo más sencillo posible y de corte similar a la que ampara actualmente a las víctimas de la dictadura franquista.