Veinte años del Pacto por la Justicia

Allí se convino que era preciso consenso mayoritario, que la judicatura, bien a través de sus asociaciones, bien de avales de no asociados, ofrecería un elenco de candidaturas para las vocalías del CGPJ. El acuerdo se plasmó en una reforma de la ley correspondiente, que hoy sigue vigente. Así, con esfuerzo, se ha renovado en tres ocasiones el máximo órgano de gobierno de uno de los tres poderes de nuestra democracia, el judicial.

Sin embargo desde el 4 de diciembre de 2018 no se actualiza el mandato caducado de la actual composición del CGPJ. Camino de los tres años sin renovar se ha llegado a plantear, incluso, una reforma legal para modificar los términos pactados veinte años atrás, reforma que finalmente se ha abandonado. Pues bien, las excusas para la no renovación han sido de lo más variopinto.

La oposición, hasta la fecha, ha esgrimido lo siguiente: 1) En la negociación no puede intervenir Podemos, un partido al que, por la razón que sea, se quiere dejar fuera. 2) No pueden ser elegidos ciertos jueces que propone la mayoría gubernamental, porque han demostrado su animadversión a la oposición, al haberla condenado en el caso Gürtel. 3) Las elecciones catalanas impiden un clima que propicie el acuerdo; 4) El Gobierno pretende cambiar el sistema de elección, reduciendo la mayoría para excluir a la oposición; 5) Las elecciones madrileñas dificultan la negociación; 6) El sistema tiene que modificarse para que sea la judicatura quien designe doce vocales, en lugar de hacerlo el Parlamento entre quienes ésta proponga. En la actualidad, se aduce que el Gobierno proyecta indultar a quienes fueron condenados por el llamado 'procés'.

La falta de consistencia de estos argumentos merece poco comentario. Las elecciones han pasado, la reforma que pretendía terminar con este prolongado incumplimiento constitucional se ha retirado, las sentencias condenatorias son consecuencia un poder judicial independiente y la coyuntura política suele ser adversa. No hay reclamación política, por muy legítima que se pretenda, que justifique la falta de responsabilidad institucional que supone que la representación de la soberanía popular no designe, como la ley obliga, un órgano crucial del sistema democrático.

En lo que atañe a quien debe designar al CGPJ, camino del tercer año sin renovar el órgano de gobierno del poder judicial, hay que recordar que hace veinte años se pactó la forma en que habría de regirse su renovación. No ha habido otro pacto desde entonces. No hay otro acuerdo que sustituya al consenso entonces alcanzado. Lo acordado se incumple, pero nada lo sustituye. Al margen de lo que cada cual estime, lo cierto es que no hay una razón plausible para la no renovación, porque, según los avatares del momento político, cambia la justificación. Mientras tanto, de forma irresponsable, el gobierno del Poder Judicial vive en situación de interinidad. La que conviene a quien teme un poder judicial fuerte e independiente.