La UCO apunta a «años» de investigación para desentrañar la 'trama Cerdán-Ábalos-Koldo'

El trabajo pendiente en la causa que ha convulsionado al PSOE es enorme. Aunque el departamento está absorbiendo cada vez más recursos humanos de la UCO, el esfuerzo –explican las fuentes consultadas– no sirve ni «para ponerse al día». Como ejemplo, un botón: el informe entregado el 5 de junio y que supuso la caída automática de Santos Cerdán se basaba en realidad en «solo una pequeña parte» de la información incautada en el primer registro de la 'operación Delorme' el 20 de febrero de 2024. «Ahora se están explotando datos aprehendidos hace 14 meses», recuerda un operativo, en referencia a los audios de Koldo García. Poner negro sobre blanco los casi cinco años de grabaciones subrepticias del exasesor a las decenas de «personas de interés» a las que registró se va a demorar «muchos meses».

El trabajo a destajo de la UCO –lamentan en la Guardia Civil–    no está sirviendo siquiera para responder a tiempo a los requerimientos de información del juez del caso, Leopoldo Puente, quien el 4 de febrero pidió un informe sobre las relaciones de «aforados», y en particular del ministro de Ángel Víctor Torres, con Ábalos, Koldo García y el cabecilla de la trama, Víctor de Aldama.

Completar ese atestado (el informe sobre Cerdán era parte de este encargo) es ahora prioritario para los investigadores. Pero hay un problema: para que sea completo hay que cruzar todos los datos en poder de la UCO y buena parte del material incriminatorio contra esos «aforados» que tuvieron tratos con la trama está en la memoria de un terabyte de información –equivalente a 857.000 fotos de resolución media o a cerca de 700 millones de documentos escritos– del iPhone que el 7 de octubre se le incautó al empresario Víctor De Aldama. Aunque los funcionarios accedieron sin demasiados problemas a esos archivos encriptados, su análisis no ha acabado todavía.

Esos miles de    documentos siguen siendo analizados para intentar responder a otro de los encargos más complicados del juez: la petición, el 23 de abril pasado, de un informe sobre las adjudicación de las obras supuestamente amañadas que aparecen subrayadas con fluorescente en los papeles aportados por De Aldama. El instructor solicitó a la UCO que identificara a la empresa que resultó adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalizara el procedimiento. Se trata de unos contratos por 54 millones que habría gestionado el Ministerio de Transportes a través de la Dirección General de Carreteras en el periodo 2018-2021.

También está pendiente de completar el informe que el instructor encargó el 20 de marzo para ampliar la investigación patrimonial de Ábalos y su entorno familiar. Y este trabajo de ver uno a uno ingresos, pagos, cheques, transferencias, tarjetas… lo van a tener que repetir casi punto por punto con Cerdán. Los investigadores obtuvieron el viernes luz verde del instructor para hacer un estriptis bancario y fiscal al ya exdiputado navarro, con el estudio exhaustivo de todos los movimientos de sus cinco cuentas en Caixabank, BBVA y Caja Navarra en busca del rastro de las presuntas comisiones de las constructoras contratistas.

El juez también ordenó el clonado de todos los correos corporativos de Cerdán en Ferraz y de Ábalos en Transportes, que tardarán «meses»    en procesarse para poder acabar en un informe para el Supremo. Los empresarios que supuestamente pagaron mordidas a Cerdán y a Koldo García desde 2015 y a Ábalos desde su entrada al Gobierno en 2018 también van a ser objeto de un futuro atestado que apenas está en sus «primeros pasos». Y este viernes también, la Guardia Civil se personó en ADIF y en la Dirección de Carreteras para comunicar a sus responsables que en 15 días deberán aportar toda la información sobre    11 adjudicaciones en el punto de mira.

Y aun hay mucho más pendiente. El 10 de junio, los funcionarios allanaron el domicilio de Ábalos en Valencia, donde, por primera vez desde que hace 14 meses estallara este caso, accedieron a información reservada del todavía diputado. Se incautaron de 34 dispositivos electrónicos, entre memorias USB, teléfonos móviles, ordenadores, tarjetas SIM y discos duros.

La UCO va a dar prioridad a uno de estos últimos, el externo de color azul, de la marca Wd-My-Passport, que la mujer que estaba con Ábalos en su casa –la actriz porno Anaís D. G., más conocida como Letizia Hilton– trató de esconder. Esa memoria en la que, según el exministro hay conversaciones con Pedro Sánchez, es la que él quería preservar como «seguro de vida». «Vamos a tardar años en llegar al final de todo esto», zanjan los investigadores del grupo dirigido por el oficial Antonio Balas.