El Tribunal Superior vasco cree que la reforma judicial de Sánchez puede ser inconstitucional

El Ejecutivo había puesto encima de la mesa esta posibilidad con el argumento de que el PP está bloqueando su renovación, pendiente desde hace dos años. Pero ya ha anunciado su intención de retirarla después de que la Comisión Europea denunciase que podía poner en tela de juicio la independencia judicial. Una tesis que también comparte la cúpula de TSJPV.

La Sala de Gobierno está compuesta por una docena de los principales jueces que trabajan en Euskadi. Entre ellos, los presidentes de las tres audiencias provinciales, el decano de Bilbao y los responsables de lo Social y lo Contencioso. Entre ellos están Luis Garrido, Garbiñe Biurrun, Mercedes Guerrero e Iñaki Subijana, cuatro de los candidatos que aspiran a suceder a Juan Luis Ibarra en la presidencia del Tribunal Superior tras su salida el pasado mes de junio por jubilación. Un nombramiento que no llegará hasta finales de noviembre, en el mejor de los casos, ya que no ha sido incluido en el orden del día del pleno del Poder Judicial que se celebrará mañana.

En una reunión extraordinaria que coincide en el tiempo con la que mantiene hoy el CGPJ por el mismo motivo, el Superior vasco se pronuncia «desde el respeto institucional a quien ostenta la facultad de impulsar las iniciativas legislativas pero con el compromiso ético que obliga a todos los jueces a demandar que las reformas legales respeten la independencia del Gobierno«.

En un tono muy duro, recalca que una reforma que «presenta fundadas dudas de constitucionalidad al eludir el consenso parlamentario exigido por el propio Tribunal Constitucional y dejar en manos de la mayoría de gobierno la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial». La Sala de Gobierno de los jueces añade que la propuesta de los jueces «se aleja de las recomendaciones efectuadas por las instituciones europeas» y «compromete la posición de España en la Unión Europea al rebajar el estándar de independencia judicial exigible en un estado democrático».

«En estos difíciles momentos que atraviesa nuestro país como consecuencia de la pandemia por la Covid-19 resulta más importante que nunca mantener la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, lo que exige apartarlo de la confrontación política», ha constatado la mayoría de la Sala de Gobierno del tribunal. Por ello, ha mostrado «su rechazo a que la reforma siga adelante, al menoscabar gravemente la independencia del órgano de gobierno de los jueces, y al mismo tiempo insta a los responsables políticos a alcanzar los oportunos acuerdos, apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ».

La decisión ha sido apoyada por nueve votos a favor y tres en contra. Entre los que se han opuesto a la resolución mayoritaria han estado Biurrun y Subijana, así como Inés Soria, decana de los jueces de Barakaldo. Los tres están adscritos al sector progresista y entienden que la misma excede las competencias de la Sala de Gobierno.