La sanidad como excusa

Con las competencias sanitarias transferidas a cada comunidad autónoma, sobra decir que los votantes juzgarán en función de cómo tienen ésta y otras asistencias en su territorio. Por lo tanto, el debate está viciado de base. Si el colapso en la Seguridad Social está desesperando a los vizcaínos porque se tarda una media de tres semanas en concertar una cita, como titulaba ayer la portada de este periódico, ¿qué hacemos? ¿Pedir, desde Euskadi, la dimisión de Isabel Díaz Ayuso? No parece razonable, salvo que lo único que se busque sea la confrontación con fines electorales.

Las mareas blancas podrán hacer mucho ruido y camuflar, de paso, las hondas diferencias que van estallando en la coalición del Gobierno por el empeño de Podemos en marcar distancias con el PSOE en sus leyes más ideológicas. Pero no se resolverá el problema sistémico de la sobrecarga asistencial, la precariedad laboral y la cobertura de las vacantes en la Atención Primaria hasta que no sean capaces de potenciar un gran Pacto de Estado por la Sanidad. Un reto que parece un brindis al sol en plena temporada de guerra electoral.

Quizás la caricaturización de la derecha sea el único eslabón de la cadena donde Pedro Sánchez y Podemos puedan aferrarse para que no se rompa el Gobierno. Es lo que les une. En todo lo demás, sus choques son recurrentes. Su enfrentamiento está provocando que la reforma de la ley del 'solo sí es sí' quede aparcada hasta abril, en capilla de las elecciones de mayo, por el pánico escénico del presidente a dejarse ayudar por el PP de Feijóo.

Al contrario que con el problema sanitario, el goteo de rebajas y excarcelaciones de maltratadores sexuales sigue engordando la bola de la alarma social. De ahí el miedo en el ala socialista de La Moncloa a que la caída electoral sea irrecuperable por culpa del feminismo «cínico y extravagante» de los morados (en definición del presidente aragonés, Javier Lambán). Un daño que puede afectar directamente a ese 56% de voto femenino de los electores socialistas. Mientras se dilata el período de discusiones sobre la ley que beneficia a violadores, las manifestaciones del 8 de marzo van a ser un termómetro del grado de descontento del feminismo con este Gobierno. No es sólo el voto indisciplinado de la exvicepresidenta Carmen Calvo. Es la propia sentencia de la ministra Llop desmarcándose de culpar a los jueces. O la voz crítica de exeurodiputadas socialistas como Elena Valenciano. O la marea de jóvenes feministas contrarias a que el género se introduzca en las leyes como una identidad. Una norma que se hizo ignorando veintidós informes y que ya ha beneficiado a más de 400 violadores y excarcelado a más de treinta va a seguir en el escaparate. De momento, no hay huelga sanitaria que la pueda desplazar.