«Que el Supremo impute al fiscal general es el punto álgido de la degradación institucional»

– ¿Que el Supremo impute a un fiscal general es un punto de inflexión?

– Es muy grave. Supone alcanzar el punto álgido de la degradación institucional. Respeto su derecho a la presunción de inocencia, pero más allá de la valoración personal, el daño a las instituciones y a la Fiscalía General del Estado es tremendo. Y por extensión, a todos los fiscales que cada día trabajan en este país desde la absoluta profesionalidad.

– ¿Debería dimitir?

– Yo creo que sí. Es que la imagen que traslada a la ciudadanía es terrible. Que el fiscal general del Estado, que es quien imparte las órdenes al resto de los fiscales de este país, sea investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y no dimita, pues al ciudadano medio le puede resultar un poco chocante.

– Pero una parte notable de los fiscales le respalda.

– Bueno, tenemos que saber cómo está configurado el Consejo Fiscal y quiénes lo forman. Y también valorar que ha habido voces en contra de que se mantenga. Yo me quedaría con los manifiestos de las asociaciones de fiscales, que creo que sí representan a la carrera fiscal. Usted habla con los fiscales y están abochornados con lo que está pasando. Y es una situación muy triste para un profesional que cree en su trabajo.

– ¿A qué se refiere con lo de deberíamos conocer la composición del Consejo Fiscal? ¿Es porque hay una mayoría progresista?

– No lo llamo progresista porque para mí no hay mayor progreso que defender los derechos y las libertades de los ciudadanos y el prestigio de las instituciones. Para mí esa es la única garantía de progreso.

– ¿Cómo definiría la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en relación a la Justicia?

– Creo que no voy a descubrir nada nuevo, nos ha atacado de manera permanente. Se han producido ataques descarnados contra los jueces por determinadas resoluciones judiciales. El otro día Óscar Puente hablaba de que el Partido Popular tenía a jueces subcontratados. Pues clara y rotundamente no. Es que hace pocos días hemos visto que se ha condenado a Eduardo Zaplana a 10 años de prisión. ¿Qué pasa? ¿Que esos no estaban subcontratados? La justicia de este país actúa con absoluta independencia.  Han estado condenados y han ingresado en prisión cargos de uno y otro lado del espectro político de este país. Es que incluso ha estado en prisión el que era yerno del rey emérito.

– Pero hay algunas decisiones que pueden ser cuestionables.

– Por supuesto que los jueces no somos intocables. Somos conscientes de que nuestras resoluciones son criticables y que es esencial que exista esa crítica también en los medios, porque eso ayuda a formar opinión y es fundamental que la sociedad entienda lo que sucede. Pero una cosa es cuestionar las resoluciones judiciales y otra atacar a los jueces a título particular.

– ¿La renovación del Consejo General del Poder Judicial fue un espejismo?

– Podemos decir que sí. Bueno, fue cumplir la Constitución. Ya era hora de que se renovara el Consejo General del Poder Judicial. La esperanza es lo último que se pierde, pero creo que estamos ante una situación en la que los políticos viven tan polarizados y además se encargan de polarizar también a la sociedad que no sé si fue un oasis en medio del desierto. Creo que hubo suerte y que ya no quedaba otra. No se podía prolongar esa situación de forma indefinida. Parecía que se había abierto una puerta a la esperanza, pero francamente se encargan enseguida de desmentirlo. El Congreso de los Diputados es un ring, es lamentable y muy poco edificante, pero es lo que hay.

– Hace unos días, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, apostaba por reforzar «la independencia judicial» para evitar su «desprestigio».

– Bueno, yo creo que el origen de todos los males en esta materia está en el momento en el que se cambia la ley y se atribuye al Congreso y al Senado en su totalidad el nombramiento de los vocales judiciales. Si los vocales judiciales fueran nombrados por y entre los jueces, esa imagen de politización o de que a los jueces les ha designado el político no existiría. Más que fortalecer la independencia, le diría que lo que hay que hacer es fortalecer la imagen de independencia, que yo creo que es de lo que adolecemos.

– ¿No tienen los jueces parte de culpa? Bloque progresista, conservador... El sentido de algunas decisiones se adivina antes de que se hagan públicas.

– Eso ocurre en el Tribunal Constitucional, que es un órgano claramente político y que por desgracia ha ido a peor. El PSOE y el PP se han dedicado a politizarlo.

– ¿Los partidos no han convertido a la Justicia en otro campo de batalla con esa proliferación de denuncias, querellas...?

– A mí no me gusta mucho que los partidos, ni unos ni otros, presenten querellas contra otros partidos. Creo que eso puede dar al ciudadano la sensación de que se utiliza la justicia para fines políticos.

– ¿Hay un abuso de la acusación popular?

– Digamos que podría regularse. Pero claro, es muy difícil decir que limitas la acusación popular cuando tienes una Fiscalía que depende del Gobierno.

– Sobre la mesa está la posibilidad de cambiar todo el procedimiento, de que sean los fiscales quienes instruyan los sumarios y no los jueces.

– Para dar la instrucción a los fiscales habría que dotarlos de una autonomía y una independencia que a día de hoy no tienen. Y, mientras tanto, pues tendremos que instruir los que sí que tenemos esa independencia garantizada por la Constitución.

– ¿Era obligatorio hacer la trasposición de la directiva europea sobre las condenas en otros países que ha terminado por beneficiar a decenas de presos etarras?

– La normativa europea había que trasponerla. La modificación que se hace sobre la aplicación de las penas cumplidas en el extranjero en los términos en los que se ha acordado, bueno, ha sido por voluntarismo político, eso es así.

– El Gobierno subraya que no tenía más remedio.

– No, no es así. Tiene que ver con las mayorías parlamentarias.