Una nueva doctrina endurece los requisitos para que los presos de ETA obtengan el tercer grado

El trámite vigente en estos momentos establecía que una vez que el equipo liderado por Jaime Tapia –principal asesor en materia penitenciaria del Departamento de Justicia– consideraba que se daban las condiciones para que el recluso pasase a tercer grado, después de oír a las Juntas de Tratamiento de las tres cárceles vascas, el interno accedía al régimen de semilibertad de forma automática. Eso le permitía dormir en su domicilio y estar fuera los fines de semana. Sólo cuando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimaba de forma positiva la solicitud de revocación del Ministerio Público el interno regresaba al régimen ordinario. Podían pasar meses. Pero la nueva doctrina del Supremo cambia el paradigma y establece que la simple presentación del recurso frena la progresión.

El precepto del alto tribunal está en vigor desde finales del año pasado. Fue el 22 de diciembre cuando estableció que el registro del recurso por si solo tiene «efectos suspensivos» en casos de delitos graves. Los magistrados fijaron esta doctrina en dos sentencias en las que estimaban las peticiones presentadas por la Fiscalía por la concesión por parte de la Audiencia de Barcelona de sendas concesiones de terceros grados a dos condenados por asesinato. Ninguno relacionado con el terrorismo. La sentencia del Supremo establecía que «la progresión a clasificación que faculte la excarcelación del interno» quedará paralizada cuando el Ministerio Público la recurra hasta que «el tribunal sentenciador» tome una decisión. Tres meses después se aplica por primera vez a dos miembros de ETA.

En los dos últimos años, los jueces han anulado una docena de progresiones dictadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, cuatro durante este año y seis a lo largo de 2022. Esas diez revocaciones, de un total de 37 terceros grados concedidos, representan un 27%. Es decir, una de cada cuatro está siendo tumbada. Pero el problema para el colectivo de presos, y de forma paralela para el Gobierno vasco, es que la mayoría de las progresiones son recurridas por la Fiscalía, que hay numerosos dosieres pendientes de resolución y que la nueva doctrina del Supremo complica todavía más el escenario.

Un caso paradigmático

El caso de Atristain es paradigmático. Es la segunda vez que la justicia le dice al Gobierno vasco que no se dan las condiciones para la obtención del tercer grado. Su recorrido judicial lleva un año metido en un laberinto. A principios de 2022 el Tribunal de Estrasburgo le dio la razón al considerar que se le había privado de un juicio justo en 2010. Fue condenado a 17 años, de los que ya ha cumplido una docena. En febrero fue puesto en libertad, pero en junio volvió a prisión al rechazar el Supremo revisar la condena. Sólo un mes después el Gobierno vasco le concedió el tercer grado, pero la Audiencia Nacional se lo revocó en octubre y regresó a prisión de forma permanente.

Esta era la parte conocida, pero ahora Etxerat ha informado de que el Ejecutivo autonómico le clasificó de nuevo en tercer grado hace solo diez días. Pero tampoco ha obtenido el visto bueno de la Fiscalía, que ha recurrido. Los principales motivos por los que el Ministerio Público está tumbando las decisiones del Gobierno vasco es que considera prematuras las progresiones y no observa un arrepentimiento explícito por parte de los etarras.

El segundo preso que ha tenido que volver a prisión es Juan Manuel Inziarte, un veterano de la banda que fue condenado en 2011 por el asesinato en 1983 de dos agentes de la Policía y la mujer embarazada de uno de ellos.Según Etxerat, a petición de la Junta de Tratamiento de Martutene, el Gobierno vasco le dio el tercer grado hace diez días tras sufrir recientemente un ictus del que está convaleciente.